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La audiencia del gobernador Rubén Costas y otros funcionarios procesados por la compra de  40 camionetas fue diferida para el día lunes a las 9.00, misma en la que el juez dará su resolución final.

La Fiscalía y Procuraduría pidieron medidas sustitutivas a la detención preventiva que contempla arraigo. La Procuraduría fue más arriesgada en pedir detención domiciliaria y fianza económica de Bs 1 millón.

El proceso

El gobernador y otros funcionarios son procesados por la compra de 40 camionetas (cada una en 18.890 dólares), mediante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para seguridad ciudadana y atenciones de emergencia.

La compra de dichos vehículos se hizo en 2007, con recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH). La Procuraduría General del Estado consideró que a través de esta compra se cometieron delitos, por lo que acusó al gobernador cruceño y a otras cinco personas por malversación, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Para Costas, con este y otros procesos el Gobierno busca arraigarlo para que no pueda viajar al exterior a conseguir más recursos para la región y estrechar lazos de hermanamiento con otros países.