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Fernando Soria


El 30 de julio de 2018, con el Plan ‘Piraí Seguro’, en las cabañas del río Piraí se estrenó una comisaría, se recibió la donación de computadoras y mobiliario por una universidad y la Policía asignó a 40 uniformados para sentar presencia en el lugar y los alrededores.

En la zona se veían uniformados de la Policía Ciclística, de la Policía Montada y cerca de un centenar de voluntarios del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), que recibían instrucciones en las riberas del río.

Sin embargo, según los vecinos, ese plan dejó de funcionar antes de cumplirse un año de su lanzamiento. EL DEBER constató que la presencia policial en la comisaría de se ha reducido a dos uniformados. También se evidenció que la infraestructura carece de agua potable, de baños y nunca se puso en marcha el centro de monitoreo de cámaras que debían instalarse en la plaza de los Próceres y otros lugares donde era frecuente que se registren atracos.

Pese a esta realidad, la Policía asegura que el plan sigue vigente, pero que se está aplicando de forma paulatina. Así lo expresó el comandante de la EPI-4, William Montes, quien reconoció, sin embargo, que ha habido una reducción de personal, lo que ha obligado incluso a cerrar otras comisarías de la zona como en los barrios Virgen de Cotoca y Los Chinos, y en la avenida San Martín, aunque se está asignando oficiales y se han reabierto dos.

La voz de los ‘Cabañeros’

El representante de la asociación que aglutina a los 50 propietarios de las cabañas del Piraí, Freddy Contreras, afirmó que el plan dejó de funcionar.

“Pedimos al comandante (Igor) Echegaray que cumpla con el compromiso, porque este plan no era solo para las cabañas sino apuntaba a ser aplicado en toda la ciudad”, dijo, a tiempo de recordar que Echegaray era subcomandante cuando se lanzó el plan.

Agregó que la comisaría estuvo un tiempo cerrada y que esporádicamente aparecen policías en el lugar, pero no se quedan.

La seguridad del lugar turístico está a cargo de los propios ‘cabañeros’, que además de los 50 asociados tienen a sus familiares y a sus trabajadores, con lo que llegan a ser cerca de 500 personas. “Tenemos un grupo de WhatsApp donde se alerta de cualquier situación y cuando se convoca a la gente, salen empuñando desde un palo de zonzo hasta una mano ‘e tacú”, asegura Freddy Contreras.

Recordó que la Federación de Ganaderos le regaló cuatro caballos a la Policía Montada, para que exclusivamente operen en el lugar, pero que ya no están allí.

La escuela tampoco marcha

Similar situación se vive en el barrio Ambrosio Villarroel, lugar donde los vecinos pusieron a disposición un ambiente para el funcionamiento de una Escuela de Formación Policial para el Gacip y que, cuando se puso en marcha, reunía a unos 80 voluntarios, entre niños, adolescentes y jóvenes de ese barrio, para formarlos en valores y seguridad ciudadana.

El proyecto se fue diluyendo hasta cerrarse en abril, cuenta Juvenal Orellana, vecino del barrio, y la infraestructura solo es utilizada para reuniones vecinales.

Según la Policía, la escuela se cerró porque los voluntarios dejaron de acudir, sin embargo, Orellana cree que la causa fue el cambio de destino del excomandante de la EPI-4, Miguel Mercado (actual director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia), que fue el impulsor el plan Piraí Seguro.

Orellana dijo que el índice delictivo bajó y que se mantiene tranquilo aún gracias al tiempo que el plan estuvo en funcionamiento, pero existe temor de que la inseguridad se asiente nuevamente en la zona.

El coronel Montes asegura que los operativos continúan, sobre todo para neutralizar a los drogodependientes asentados en la denominada ‘favela’, donde se estima que viven entre 250 y 300 personas. “El problema no es agarrarlos y detenerlos, sino que no hay dónde llevarlos”, apuntó.