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“Algunas chicas prefieren unirse con su cortejo porque en su casa las tratan mal”. “Existe el maltrato de los padres cuando tienen varios hijos, hay peleas y no pueden mantener a sus hijas. Entonces la chica prefiere unirse con su pareja”. Los testimonios corresponden a niños de la comunidad de San Lorenzo, en Pando, que reflejan una realidad que prevalece en nuestro país, a pesar de vulnerar los derechos de las niñas y adolescentes y obligarlas asumir roles y obligaciones de adultas: las uniones tempranas forzadas.

En el marco de una iniciativa regional sobre matrimonio infantil, temprano y forzado, Plan Internacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) realizaron un estudio sobre los factores que promueven el matrimonio infantil o uniones tempranas forzadas en nuestro país, priorizando cuatro municipios. Los hallazgos dan cuenta que la violencia intrafamiliar, los embarazos adolescentes, las condiciones de pobreza en que viven las niñas, además de aspectos culturales hacen que esta práctica nociva persista.

La investigación, de tipo cualitativo, se realizó en 2018 en los municipios de Mizque, de Cochabamba; Jesús de Machaca y Coripata, de La Paz; y San Lorenzo, de Pando. Se trabajó con grupos focales y a través de entrevistas a niñas y a personas adultas con el fin de recoger sus percepciones y experiencias sobre esta problemática.

En Bolivia no hay mucha información estadística sobre esta realidad. Datos del censo de 2012 dan cuenta que un 11,6% de las adolescentes, entre 15 y 19 años, declaró estar en una unión marital. Una encuesta de hogares, realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muestra que el 19,5% de las madres, menores de 15 años, estaban en convivencia conyugal. Con datos recopilados para el estudio, se llegó a la estimación de que en 2016 se casaron 32.344 menores de 15 años, lo que representa el 15% de las adolescentes.

La delegada de Plan Internacional en Bolivia, Belinda Portillo, destaca que lo primero que arroja la investigación es que “las adolescentes que se casan o se unen tienden a abandonar sus estudios y están expuestas a violencia de género, además de correr riesgo durante el embarazo porque su cuerpo no está preparado”.

Entre las causas para que esta problemática persista, Portillo apunta a que las niñas se ven forzadas a entrar en una relación temprana para salir de la violencia que viven en sus hogares, pues muchas de ellas provienen de familias desintegradas o están bajo el cuidado de terceros y no de sus padres.

En situaciones de pobreza, también los padres ven el matrimonio infantil como una estrategia de sobrevivencia familiar, ya sea que consideren el matrimonio de sus hijas jóvenes como una oportunidad para aliviar la carga económica del hogar o como una medida de protección para mejorar las condiciones de vida de sus hijas.

Celia Taborga, representante de Unfpa, asegura que lo más grave es que muchas escapan de la violencia en sus hogares, pero acaban siendo abusadas por sus parejas y, además, apunta, como otro de los motivos para las uniones tempranas, los embarazos por violencia sexual, es decir, “niñas que han sido violadas y acaban viviendo con sus agresores”.

En lo que toca al aspecto cultura, cuestiona la “relativa invisibilidad y naturalidad del matrimonio infantil”, algo común en los países de América Latina, cuando esto es una forma de tortura, porque las niñas no tienen las condiciones físicas ni sicológicas para asumir roles de adultas.

La naturalidad con que se ve esta práctica, sumada a la falta de información, hace que la convivencia con una menor, que es un delito, ni siquiera se denuncie.

¿Qué hacer?

Para acabar con esta realidad, las entendidas mencionan que el estudio recomienda ampliar la evidencia de las uniones tempranas forzadas para que se dejen de ver como algo natural y se las exponga como nocivas contra las niñas.

Además, garantizar un acceso a una educación integral y evitar que dejen los estudios en caso de estar embarazadas o en unión.

Asegurar la educación sexual desde niñas para que las menores conozcan sus derechos y para que puedan avanzar hacia el empoderamiento. Así como fortalecer el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y que se les brinde una atención diferenciada.

Asimismo, se debe prevenir, atender y dar seguimiento a los casos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes, garantizando su acceso a la justicia y erradicar la impunidad.

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