Asambleístas del MAS y de Creemos se acusan mutuamente. Cívicos del Norte Integrado recurren a bloqueos para que se habilite el hospital ante el incremento de casos de coronavirus. Permanece cerrado desde el 21 de septiembre

4 de enero de 2022, 9:32 AM
4 de enero de 2022, 9:32 AM

Con más de tres meses sin funcionamiento, el hospital de Montero se ha convertido en otra excusa para la batalla política mientras los habitantes del Norte Integrado peregrinan por una atención sanitaria. Asambleístas de Creemos y del MAS aprovechan la oportunidad para responsabilizar a su oponente por la falta de funcionamiento del hospital de tercer nivel, que se bautizó con el nombre del doctor Óscar Urenda.

La asambleísta del MAS, Raquel Valencia responsabiliza al gobernador Luis Fernando Camacho por la falta de funcionamiento del nuevo nosocomio. Durante una entrevista en Bolivia TV, Valencia aseguró que la Gobernación de Santa Cruz no asignó presupuesto, ni firmó un convenio, ni aceptó contratar personal para el funcionamiento del hospital de Montero.

Desde Creemos, el senador Henry Montero recuerda  que es "competencia exclusiva del nivel central la dotación de recursos humanos". Es decir, debería ser el Ministerio de Salud el que contrate personal para que trabaje en el hospital montereño.

Mientras el debate político sube de tono, los cívicos de la región del Norte Integrado anuncian bloqueos  como medida de presión para que se resuelva el caso y se reabra el hospital.

Dicho hospital tiene una capacidad de 200 camas además de instalaciones necesarias para la atención ambulatoria de diversas especialidades. Durante la gestión de Jeanine Áñez se abrió una parte del mismo para recibir a pacientes con Covid-19.

Durante ese periodo, los salubristas contaban con contratos temporales de tres meses; sin embargo, con la asunción de Luis Arce a la presidencia, el hospital se cerró de nuevo. La empresa constructora planteó la medida para completar una serie de mejoras solicitadas.

Desde el 21 de septiembre, el nosocomio sigue sin funcionamiento a pesar de los pedidos de la población para que sea reabierto.

Valencia acusa a la Gobernación por dilatar el acuerdo intergubernativo que facilitaría a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) avanzar en el funcionamiento del hospital. También señala la ausencia de una partida presupuestaria en el POA 2022 de la Gobernación para el funcionamiento de dicho centro.

Eso sí, asegura que el Gobierno nacional se haría cargo de contratar a médicos, enfermeras y personal de salud para ese nosocomio. 

El senador Montero cuestiona por qué hasta el momento no se ha otorgado ningún contrato al personal sanitario si es la responsabilidad del nivel central, como la misma asambleísta del MAS reconoce. "Que no sean contratos de 2 o 3 meses, que sean contratos más dignos", recalca el senador de Creemos.

Para Montero, el acuerdo que se propuso se refería a una apertura gradual de los servicios del hospital. "Se necesitaría 800 trabajadores entre médicos, enfermeras, personal administrativo y técnicos. La idea era iniciar con la atención a pacientes con covid-19 y aumentar los demás servicios, de acuerdo a las necesidades de la población", explica.

Resalta el esfuerzo de la Gobernación para contratar más de 2.800 sanitarios durante la crisis del Covid-19. 

Las conversaciones siguen empantanadas. Montero acusa al ministro de Salud de buscar "una gestión política" y "castigar al gobernador", por ser de la oposición, en vez de proponer soluciones que beneficien a la población.

Como legislador, Montero recuerda que el Estatuto Marco de Autonomías atribuye a la Gobernación la función de administración del hospital. Para ello, cuenta con la asignación del Sistema Único de Salud que permite la adquisición de medicamentos que faciliten los tratamientos gratuitos.

La falta de ítems es un reclamo persistente desde el Colegio Médico de Santa Cruz y de la Secretaría de Salud de la Gobernación. Se habla de un déficit de más de 10.000 ítems solo para cubrir la capacidad instalada en los hospitales del departamento.

"La población crece en número de habitantes, pero no en el número de médicos y personal sanitario", concluye Montero.