​A las 10:00 de este jueves, 16 de marzo, los asambleístas de Creemos, Paola Aguirre, Zvonko Matkovic Ribera y Keila García, debían declarar en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Plan Tres Mil por una denuncia presentada por los asambleístas del MAS, por los hechos registrados en enero, en la sesión inaugural del actual periodo legislativo de la Asamblea Departamental.

Minutos después de que las asambleístas Aguirre y García entraran a prestar su declaración, volvieron a salir para informar que la cita se había postergado para el lunes 27 de marzo, a las 11:00, debido a otros compromisos del fiscal asignado al caso. 

“Siempre vamos a estar prestos para defendernos de todas las injusticias y las mentiras a las cuales los masistas están acostumbrados a venir a realizar. Nunca vamos a huir de la justicia, nosotros siempre vamos a estar del lado de la verdad”, señaló García. 

En la misma línea, Aguirre afirmó que el único fin de esta denuncia es “amedrentar y callar la voz” de los opositores al Gobierno. Indicó que asumirá su propia defensa y, tras revisar el cuadernillo de investigaciones, verá si hace uso a su derecho al silencio.

“Evidentemente es un acto de represalia, pero nos vamos a hacer presentes para no darles motivos, porque sabemos que lo que ellos buscan es silenciar la voz de los cruceños y las denuncias que hacemos en contra del abuso masista”, expresó Aguirre.

La asambleísta detalló que la denuncia en su contra es por, supuestamente, haber incurrido en cuatro delitos: incumplimiento de deberes, acoso político, privación de libertad y discriminación. “No puede faltar la discriminación en la boca de un masista”, añadió.

Un hecho que llamó la atención de las personas que acompañan a las asambleístas es que un nutrido grupo de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) se constituyó hasta estas dependencias policiales. Esto generó el rechazo de los vecinos, que increparon a los policías y los obligaron a abandonar el lugar en medio de gritos y abucheos. 

El 13 de enero, a solo minutos de finalizar la primera sesión del año, los asambleístas de la bancada del MAS denunciaron haber sido víctimas de agresiones verbales. Intentaron resguardarse en una oficina del Legislativo, mientras un grupo de activistas buscó ingresar al lugar por la fuerza.

Tres horas después, los asambleístas del MAS pudieron abandonar lugar con el resguardo de una veintena de policías que llegó hasta el edificio de la Gobernación. Para esa hora, las 20:15, el importante grupo de activistas que se congregó, ya había abandonado el lugar.