La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, denunció este miércoles un nuevo presunto avasallamiento en la propiedad agrícola Santa Rita, ubicada en la provincia Guarayos y exigió a las instituciones del Estado actuar de manera inmediata para resguardar la seguridad jurídica, la propiedad privada y la integridad de los trabajadores que permanecen en la zona.
La autoridad departamental señaló que recibió reportes sobre el ingreso irregular de grupos de personas presuntamente armadas al predio Santa Rita, situación que habría generado preocupación entre productores y trabajadores del lugar.
“Estos hechos reflejan una preocupante ausencia del Estado en la defensa de la legalidad, la propiedad privada y la seguridad jurídica. No podemos permitir que productores, trabajadores y familias continúen viviendo bajo amenazas permanentes mientras prevalece la impunidad”, manifestó Álvarez.
Ante esta situación, demandó la intervención de la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras autoridades competentes para verificar las denuncias y garantizar el cumplimiento de la ley.
La denuncia surge en medio de una nueva escalada de conflictos por tierras en la provincia Guarayos, donde propietarios de Santa Rita reportaron recientemente la presencia de grupos encapuchados y armados que habrían ingresado nuevamente al predio, rodeando campamentos y generando temor entre los trabajadores.
Álvarez sostuvo que la defensa de la propiedad privada y la lucha contra los avasallamientos deben convertirse en una prioridad para el Estado, advirtiendo que la falta de acciones oportunas profundiza la incertidumbre y afecta la actividad productiva del departamento.
“Guarayos no puede seguir siendo tierra de nadie. La paz social y el desarrollo solo serán posibles cuando el Estado garantice seguridad jurídica, respeto a la ley, defensa del territorio y condiciones reales para que las regiones productivas continúen siendo motor de crecimiento para el país”, afirmó.
La autoridad agregó que la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica, la infraestructura estratégica y el fortalecimiento de las autonomías forman parte de una agenda común para impulsar el crecimiento económico y garantizar condiciones de estabilidad en las regiones productivas del país.