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Las diferencias en el Concejo Municipal pueden llegar al Ministerio Público, toda vez que la concejala Rosario Schamisseddine, remitida a la comisión de Ética por decisión de siete munícipes, ratificó ayer que denunciará al alcalde Percy Fernández por incumplimiento de deberes, si es que hasta este lunes no responde el pedido de 25 informes.

Schamisseddine fue enviada el jueves a la comisión de Ética por una queja presentada por su suplente, Rubén Darío Suárez Arana, que la denunció porque no le está permitiendo sesionar, desobedeciendo lo que establece el reglamento. 

Pero, además, enfrenta otra denuncia de parte del Ejecutivo por los cuestionamientos que le hizo al burgomaestre cruceño a través de las redes sociales. Por este motivo, Schamisseddine fue remitida a la comisión de Constitución, donde los miembros de esta comisión evaluarán si corresponde o no enviarla a la comisión de Ética.

De prosperar el proceso en la comisión de Ética, la máxima sanción que puede recibir la concejala por UCS es una multa económica, es decir, no está en riesgo su curul, según la normativa vigente.

De eso está convencida Schamisseddine que, sin embargo, ve un afán de quererla callar para que no cumpla con su función de fiscalización. “Están queriendo anular mi credibilidad. 

En lugar de responder, empiezan a usar medidas distractivas y coercitivas. Aquí lo único que estoy pidiendo son cuentas claras y, por eso, me están procesando”, refirió.

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, aclaró que su colega ha pasado a la comisión de Ética por una denuncia que presentó su concejal suplente, toda vez que la nota que envió el burgomaestre cruceño se la envió a Constitución.

 “Nadie la quiere callar”, aseguró Sosa, al agregar que la observación que hizo el alcalde es a la forma en que Schamisseddine realizó los pedidos de informes, es decir, recurrió a las redes sociales, lo que no se enmarca dentro de los procedimientos normativos.

Sosa dijo que la comisión de Ética no tiene facultades para recomendar la destitución del cargo de ningún concejal, pues la remoción solo procede en caso de que haya una sentencia condenatoria.

“La comisión de Ética no destituye, solo puede recomendar una llamada de atención o una sanción administrativa (si se comprueba la denuncia). No existe la figura de destitución, no podemos vulnerar el derecho de nadie”, insistió Sosa.

El funcionamiento de la comisión de Ética y los procedimientos para los procesos administrativos internos contra los concejales están normados por Ley Municipal 087/ 2015, que establece que en caso de declarar procedente una denuncia, el Concejo, por recomendaciones de la comisión de Ética, puede aplicar una llamada de atención, en caso de una falta leve, o una multa económica, si la falta es grave.

Los pedidos de informes

Schamisseddine indicó haber enviado 25 peticiones de informe al Ejecutivo sobre distintos casos, pero asegura que no obtuvo una respuesta o estas fueron insuficientes. Deslizó de que habría irregularidades en el proceso de traslado de mercados, expropiaciones de terrenos y otras situaciones como la compra de banderas y bandas municipales.

“Siempre cuando hago una investigación me dicen: vaya al Ministerio Público, pues ahora vamos a ir”, adelantó, a tiempo de recalcar que no se siente atemorizada por el proceso a enfrentar y que acudirá a la justicia ordinaria para denunciar al alcalde.

El secretario de Gestión Institucional, Jorge Landívar, indicó que el Ejecutivo le ha respondido más de 63 pedidos de informes y, para él, Schamisseddine está en campaña política. 

“Ella ya está en actividad política y la forma tradicional de hacer política es atacar para ver qué efecto político se puede lograr. Está en este afán”, dijo Landívar.