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Por las denuncias surgidas las últimas horas sobre la falta de equipos de bioseguridad para el personal que atiende a los pacientes con coronavirus, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas en Salud Pública (Fesirmes) exigió que se otorgue la indumentaria adecuada a todos los trabajadores. Además, solicitó a la Fiscalía iniciar acciones legales contra autoridades nacionales, departamentales y nacionales pues no han aplicado medidas de prevención para frenar el avance del Covid-19. En caso de no ser atendidas sus demandas, amenazan con tomar medidas en 72 horas.

A través de un comunicado, la Fesirmes solicita al Ministerio Público iniciar acciones en contra de los servicios municipales y departamentales de salud, así como a autoridades de los ministerios de Defensa y de Gobierno “por el incumplimiento de deberes y responsabilidad administrativa (…), por la omisión a las medidas preventivas necesarias, así como la adecuación de sus conductas al tipo penal de atentado contra la salud pública por la improvisación, manejo desprolijo y falta de cuidado en que incurren”, señala el documento. 

Los profesionales de salud señalan que hasta la fecha las autoridades no han indicado al personal de salud cuál es el procedimiento a seguir para atender a pacientes sospechosos y confirmados de coronavirus. Tampoco se han establecido las normas de atención, no se han adecuado ambientes para el aislamiento y la toma de muestras.

De esta manera, la Fesirmes considera que ha quedado en evidencia que la salud no es prioritaria para las autoridades pues su promoción y prevención de enfermedades no ha sido clara y oportuna. 

“Quien debe brindar las condiciones mínimas necesarias es el Ministerio de Salud, así como las autoridades municipales y departamentales”, agrega el comunicado. 

Citando a la Ley del Funcionario Público, los profesionales de salud destacan que tienen derecho a que se les proporcione los recursos materiales para el cumplimiento de sus funciones y a recibir la protección necesaria en materia de higiene y seguridad para el trabajo. 

“En caso de no ser atendidas nuestras demandas, en un plazo de 72 horas nos reservamos el derecho de tomar las medidas que nos confiere la CPE”, concluyen.

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