La proyectada guardia departamental, cuya creación dependerá de los acuerdos que se logren en torno a un proyecto de ley planteado por el gobernador Juan Pablo Velasco, generó una controversia política, luego que dirigentes y legisladores opositores cuestionaran la constitucionalidad de la iniciativa y la inclusión de un mecanismo de financiamiento vinculado con la comercialización de créditos de carbono. El proyecto está en revisión dentro de las comisiones de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), donde podría ingresar a tratamiento en el pleno dentro de dos semanas.
Las observaciones provienen de figuras vinculadas a las agrupaciones Santa Cruz Para Todos (SPT), Libre y Creemos. El excandidato a gobernador Otto Ritter afirmó que comparte el objetivo de crear una guardia departamental, al considerarlo un “anhelo del pueblo cruceño”, pero advirtió que el texto incorpora un artículo que, a su juicio, no guarda relación con la institución propuesta.
Ritter puso el foco en el artículo 16 del proyecto, incluido dentro del capítulo de sostenibilidad y financiamiento climático. La disposición establece que el Órgano Ejecutivo Departamental queda facultado para estructurar y comercializar créditos de carbono en mercados voluntarios internacionales.
Las críticas también llegaron desde la bancada de Creemos. El asambleísta Rony Justiniano señaló que la iniciativa debe someterse a un análisis riguroso para evitar vulneraciones normativas. Si bien aclaró que no se opone a la existencia de una guardia departamental orientada a la defensa del territorio, los recursos naturales y la población, consideró que la propuesta impulsada por Velasco carece de sustento constitucional y genera duplicidad de funciones con otros organismos que desarrollan tareas de protección ambiental y territorial.
Voces a favor
Desde la ALD, la presidenta María René Álvarez defendió la iniciativa y aseguró que surge como una respuesta a los problemas de seguridad que enfrenta el departamento, entre ellos los avasallamientos, los bloqueos, el sicariato y la presencia de grupos irregulares. Añadió que la norma busca fortalecer las competencias autonómicas y que, tras un primer control constitucional, se verificó que no sustituye las funciones de la Policía Boliviana ni del Ministerio Público.
La vicegobernadora Paola Aguirre respaldó la propuesta y sostuvo que las críticas forman parte del debate democrático. Además, defendió la inclusión de los bonos de carbono como una alternativa de financiamiento para la Gobernación y aseguró que se trata de una política contemplada en el plan de gobierno de la actual administración. Según explicó, la estrategia se desarrollará con participación de actores privados y organismos internacionales, con el objetivo de generar ingresos y promover la conservación ambiental.
Con seguridad, el debate se trasladará al pleno de la ALD.