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Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), aprobó un paquete de medidas en las últimas semanas. Una de estas normativas es la Resolución Rectoral 534/2021, en la que se establece que las facultades, para la contratación de personal bajo cualquier modalidad y origen de los fondos, deben tener la autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Esta normativa es observada entre los decanos, que manejan recursos propios generados por cada facultad. Califican de ilegal el instructivo y esperan que se dé un paso atrás.

Además, dentro de las últimas normativas aprobadas, Cuéllar solicitó auditorías para los últimos 10 años, a tres procesos: las becas, entre estas las financiadas por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); otra es a la nómina de personal, y la última a las contrataciones.

Mientras se realizan estos procesos administrativos, la universidad concluye el año en el que debían realizarse elecciones de delegados estudiantiles. Sin embargo, aún no tienen fecha.

Cuéllar indicó que no se cuenta con presupuesto para llevar adelante algún proceso eleccionario, por lo que este debería de postergarse.

La Uagrm es una de las tres universidades más grandes del país, alberga a cerca de 100.000 estudiantes y alrededor de 2.000 docentes. Pese a eso, desde agosto no cuenta con recursos ni para cubrir los sueldos de docentes y administrativos, lo que llevó a los universitarios a las calles a exigir recursos adicionales al Gobierno.

Como alternativa, se planteó un convenio de desempeño con el nivel central. Este, pese a ser cuestionado por considerar que vulnera la autonomía universitaria, fue aprobado este mes por el Ilustre Consejo Universitario (ICU).

Contratación de personal

La resolución 534/2021 tiene tres artículos y en el primero se detalla: “... toda contratación de servicios de personal que corresponda a contrato a plazo fijo, consultorías en línea, consultorías por producto, cualquiera que sea el origen de los recursos económicos a utilizarse, o tipo de contrato, debe contar con la autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)”.

El rector Cuéllar justificó que se busca “tomar el control de la institución” y que las facultades no son islas, sino que todos están sometidos al Estatuto Orgánico, porque si ocurre algo en las facultades, será el rector el culpable. “Entonces, el rector debe tomar el control y dar toda la normativa interna para que desarrollen sus actividades, pero sin cometer errores”, puntualizó.

A pesar de las explicaciones del rector, la instructiva tiene observaciones entre los decanos. Uno de ellos, de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Robert Ribera, indicó que esta medida se debe a un mal asesoramiento, pues en el Estatuto Orgánico se faculta a los decanos a que realicen convenios y contrataciones con recursos propios.

Dijo que con los recursos propios se puede contratar personal que se necesita porque la administración central no da personal, ni papelería; y que solo paga los sueldos del personal con contrato indefinido.

Ribera agregó que se les pide buscar formas para generar más recursos a la universidad, pero cuestionó la falta de incentivos, si les están prohibiendo utilizar los propios recursos de las facultades.

El decano ya hizo la representación ante el rector y, en caso de no ser escuchado, como siguiente paso enviará sus observaciones en el ICU.

Detalló que los recursos propios de la facultad se utilizan en contratación de personal eventual, papelería y mantenimientos menores, entre otros gastos.

Cada facultad maneja diferentes montos de recursos propios, que generan en función de las actividades que realizan. Los cursos de admisión y los postgrados son algunas de las fuentes de ingresos propios.

El artículo 2 de la resolución 534/2021 establece que toda autoridad electa “que por negligencia en el cumplimiento de sus funciones elabore, suscriba y/o solicite la contratación de personal que cuente con más de dos contratos a plazo fijo, o permita la continuidad laboral de los que se encuentran en curso, será pasible a procesos”.

Auditorías

Cuéllar aseguró que las auditorías que solicitaron tienen como objetivo transparentar la administración y no se trata de “una persecución a alguien”.

Por el periodo de cobertura de la auditoría, este proceso alcanzaría solo al ex rector Saúl Rosas, que tuvo como vicerrector a Oswaldo Ulloa. Ambos ocuparon sus cargos por más de una década.

Sobre la auditoría de personal, explicó que se busca verificar dónde desempeña funciones cada persona, qué rol cumple, y si su nivel salarial es el adecuado.

Además, confirmó que proyecta solicitar la primera auditoría al ICU. “Se han creado carreras, facultades, se regularizaron docentes, se han tomado muchas decisiones, y a veces sin el respaldo necesario, sin respaldo económico de la institución”, indicó.

Sobre el anuncio, el delegado estudiantil al ICU, Cristhian Luque, señaló que es pertinente que se realice la auditoría como forma de dar ejemplo de fiscalización a otras instituciones del Estado.

Sin embargo, consideró que las otras auditorías institucionales también deberían abarcar la gestión del rector Reymi Ferreira, que también fue autoridad nacional y es simpatizante del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Elecciones en duda

En su época de campaña, Cuéllar se comprometió a realizar un referéndum para poner en plena aplicación el Estatuto Orgánico aprobado en el último congreso universitario. No obstante, ahora que asumió señaló que este proceso implica un fuerte gasto económico, igual que las elecciones que aún están pendientes (delegados ICU, Centros Internos y Federación Universitaria Local-FUL).

Detalló que, solo para elecciones, la Corte Electoral Universitaria (CEU) remitió una propuesta de presupuesto de Bs 491 mil, recursos que no están contemplados.

“En este momento gastar esa cantidad de plata en una elección implicaría no cubrir los sueldos, salarios y aguinaldos. Entonces, vamos a priorizar la utilización de los recursos económicos”, justificó.

El martes pasado estaba convocada una sesión del ICU, y se agendó debatir el calendario académico y la fecha de las elecciones pendientes, pero no se contó con quórum y se postergó. Aún no hay nueva convocatoria a sesión; se prevé que sea el próximo año.

El delegado estudiantil al ICU, Cristhian Luque, indicó que las declaraciones de Cuéllar, además de obedecer a temas económicos, pueden estar relacionadas a que él es nuevo en el cargo y está fortaleciendo su estructura estudiantil en todas las facultades, para tener gobernabilidad en el ICU. “Mientras más se posterguen las elecciones, le da tiempo de estructurarse”, sostuvo.

Convenio de desempeño

Desde agosto se agudizó la crisis económica en la Uagrm y hay dificultades para pagar sueldos. Aún no se cancelan los de noviembre.

Tras la firma del convenio de desempeño, el Gobierno realizó el primer desembolso de recursos.

El rector evitó confirmar el monto, pero destacó que permitirá cumplir las obligaciones administrativas y salariales hasta diciembre.

Cuéllar aseguró que a través del convenio la universidad se comprometió a mejorar la calidad académica, los índices entre matriculados y titulados, mantener y aumentar el número de carreras acreditadas, entre otros temas.

Luque cuestionó que el convenio vulnere la autonomía universitaria y dijo que ya no es necesario que se realicen protestas en contra de la Ley 1407 de Plan de Desarrollo Económico y Social, porque este convenio faculta a que la universidad esté ligada al cuestionado plan del Gobierno central.

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