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El municipio de Santa Cruz de la Sierra recibirá Bs 60 millones por la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), luego de que la Asamblea Legislativa sancionara la norma. Sin embargo, insiste en que eso es menos de la mitad de lo que le correspondía.

 “Creemos que será más de Bs 60 millones la devolución al municipio de Santa Cruz de la Sierra”, indicó la secretaria de Administración y Finanzas del municipio.

El calculo surge tomando en cuenta que la distribución se hará con  los factores de distribución del IDH del presupuesto 2020, donde 56 millones de bolivianos le corresponden a Santa Cruz de la Sierra. Además tendrá otro tanto que se entregará de acuerdo con el índice de riesgo municipal por el Covid-19.

Con el descuento del 12%, que se inició en la gestión 2016, al municipio de Santa Cruz de la Sierra cada año le fueron cercenando recursos que se hubieran podido invertir en salud y educación: se trata de alrededor de 156 millones de bolivianos, según hacen notar las autoridades.

 La comuna cruceña emitió un pronunciamiento donde, entre sus observaciones, señala que “no es aceptable que se decida sólo la reposición parcial de los recursos acumulados en el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera por 200 millones de dólares, cuando se estimaba que la devolución sería de más de 495 millones de dólares. Exigimos saber el sustento técnico de la disminución de los 295 millones restantes, que es dinero de los ciudadanos de cada municipio. El Banco Central de Bolivia debe emitir un informe que transparente el estado de los recursos acumulados en dicho fondo". 

Consideran que se debe dar libertad a los municipios, "que conocemos los problemas concretos de nuestras ciudades y debemos ser los que definamos el destino final de las inversiones para superar la pandemia del coronavirus. No es posible que se atribuyan legalmente la potestad de decirnos cómo debe ser el destino final de recursos municipales".

El municipio solicita que se cumpla con el desembolso dentro de los 15 días posteriores a la promulgación de la ley, para que se puedan utilizar los recursos de manera eficiente y oportuna.

De igual manera rechaza "que la Asamblea Legislativa se confiera funciones de fiscalización de estos recursos siendo que en cada entidad autónoma tenemos nuestras formas propios mecanismos de fiscalización de los recursos y no es legal que sean fiscalizadores de un ente ajeno a lo que indican nuestras autonomías. Debe ser el Concejo Municipal, como ente que legisla y fiscaliza al Municipio o la misma Contraloría General del Estado, los que fiscalicen el destino de estos recursos".

De acuerdo con la norma aprobada por la Asamblea, la distribución de los recursos será de la siguiente forma: un 78% para los gobiernos municipales y gobierno autónomos indígenas (Bs 156 millones), 15% para los gobiernos departamentales (Bs 30 millones) y 7% para las universidades públicas (Bs 14 millones).