El secretario José Negrete y el concejal Rommel Pórcel declararon en la Fiscalía por casos de supuesta extorsión. El alcalde pidió a sus 18 secretarios que pongan sus cargos a disposición

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7 de febrero de 2017, 5:00 AM
7 de febrero de 2017, 5:00 AM

Jorge Landívar le llama ‘golpe de timón’. Pero lo que ha hecho ayer el alcalde Percy Fernández, pedirle a sus 18 secretarios del gabinete que pongan sus cargos a disposición, ocurre en medio de sonadas acusaciones de corrupción de individuos ligados a su administración que, presumiblemente, participaban de cobros extorsivos a negocios de la ciudad. “No vamos a enlodar una gestión”, ha dicho Joaquín Crapuzzi, secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral, el primero de este remezón del gabinete municipal, cuyo despacho y empresa familiar fue allanada por la Fiscalía cruceña. 


Todo coincide con un rosario de incidentes que golpean a  la imagen de la gestión del munícipe: las acusaciones produjeron el alejamiento del exjefe del departamento de Control de Espacio Público, Jimmy Lino, el procesamiento de 10 personas (de las cuales dos fueron encerradas en Palmasola) y, ayer, la toma de declaraciones en la Fiscalía del secretario José Negrete y del concejal Rommel Pórcel.


Aunque evita hablar de corrupción, Landívar señala que él y sus colegas Edil Aponte, Manuel Medina, José Negrete, Fernando Antelo, María Renée Canelas, María Rosa Valencia, Desirée Bravo, Rómulo Peredo, Boris Salomón, Michelle Lawrence, Freddy Arauco, Roberto Áñez, Sandra Velarde, Joaquín Crapuzzi, Fernando Mustafá, Silvia Arispe y José Antonio Ayala, son fichas que se moverán para dar un rumbo distinto a la gestión.

Una explicación
“Tiene como afán dar respuesta, no solo a temas que son de dominio público, sino que busca perfeccionar la gestión con obras y el cumplimiento del programa de gobierno”, responde Jorge Landívar, consultado si la decisión de Fernández está ligada a casos de corrupción. Consultado por EL DEBER, el portavoz niega que se trate de una crisis de gabinete, porque, según él, eso se da en casos donde una gestión de gobierno va mal y para él las encuestas de aprobación de Percy dicen lo contrario.


El portavoz informó de que el alcalde analiza hacer cambios de tipo funcional y estructural; esto significa que, en algunos casos, se prevé cambiar solo de secretario y mantener el puesto y en otros casos, quizás suprimir secretarías, fusionarlas o dividirlas. “No es la primera vez que el alcalde hace esto”, dijo Landívar.


La semana pasada, Crapuzzi denunció a un grupo de 10 personas que, presumiblemente,  actuaban como una cuadrilla ilegal de cobranza a deudores de impuestos, a nombre de la Secretaría de Recaudaciones, con el argumento de que habían sido contratados por esa repartición con ese propósito; grupo que implicó a un hermano del secretario, Leo Crapuzzi.


En paralelo, en otra denuncia contra funcionarios municipales de similares características, Verónica Mayta, propietaria del restaurante El Antojito, acusó a Jimmy Lino y a Marco Antonio Barboza Barba, trabajador municipal recientemente cesado de sus funciones y ligado al concejal Rommel Pórcel, de realizarle cobros de Bs 16.000 para poner en orden los papeles de su local en funcionamiento. Por ese motivo, el secretario José Negrete y el concejal Rommel Porcel fueron convocados a declarar. 


Negrete pidió a los medios de comunicación que lo investiguen, que para él quienes están detrás de acusaciones que lo involucran en delitos de corrupción hay una represalia de los dueños de bares, rocolas y cantinas que lo ven como enemigo porque su despacho persigue sus infracciones y que el jefe nacional de UCS y concejal Johnny Fernández puede tener relación con estos casos que dañan la imagen de la Alcaldía.


Luego de presentarse ante los fiscales, Pórcel invitó a ver en redes sociales el rol del concejal Fernández —al que le atribuyen conversaciones por WhatsApp donde se habla de las acusaciones a SER, entre otros temas, por unas capturas de pantalla obtenidas de un supuesto contacto del edil—. 

Las reacciones
A esto, Johnny Fernández responde así: “Yo no he mandado a esos muchachos a extorsionar. Ellos trabajan en las secretarías, no con Johnny. Que los secretarios respondan ante la ley por sus secretarías”.  Él negó la veracidad de esos chats.
“He sido informada por el alcalde que toda denuncia de mal ejercicio de la función pública (...), será investigada y de acuerdo a las conclusiones, como máxima autoridad ejecutiva, procederá con todo el rigor de la ley en caso de sanción, también se hará saber para ratificación de la confianza en los funcionarios”, sostuvo Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal