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Sucedió hace meses en un domicilio de la zona del Plan Tres Mil, donde un hombre decidió acudir a la justicia para frenar los abusos y ultrajes que recibía junto a sus cuatro hijos menores de parte de su esposa. 

Se trata de un taxista que salía todos los días a trabajar, llegaba a su casa y asistía con alimentos, vestimenta a sus hijos y a su pareja, pero cada vez observaba que su pareja no contribuía y al contrario incurría en ultrajes, tanto físico y sicológico como económico.

Este caso de ultraje a los niños, dos mujercitas y los otros varones, fue conocido por el gabinete jurídico de Abogados al Servicio de la Sociedad Boliviana (Abosers), que antes de la pandemia inició su trabajo de manera gratuita sobre todo en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba para los más necesitados, especialmente respecto a la violencia contra la mujer, los derechos de los padres, de ancianos olvidados por sus hijos, de niños, así como juicios penales, asistencia familiar, laborales y otros.

El presidente de Abosers, Marvin Roberto Orellana Santa Cruz, asegura que entre los casos atendidos no solo hay mujeres víctimas, sino también hombres, como es el caso del taxista. 

En este caso, llamó la atención a los abogados porque mientras salía a trabajar la esposa se dedicaba a consumir bebidas alcohólicas y agredía de manera sicológica, verbal y física a los niños al extremo que ponía en riesgo sus vidas porque se salían a la calle expuestos al peligro.

Tras el pedido del padre, la justicia ordenó apremio contra la mujer, ella opuso resistencia y pidió la guarda de los niños, pero al final se dispuso que repare el daño, que pase pensiones, mientras que los niños fueron enviados a un hogar para ser asistidos.

En Cochabamba se atendió otro caso. Una joven mujer, abusada sexualmente por su abuelo desde el 2017, buscaba justicia y nadie le respondía. Durante la pandemia el gabinete jurídico gratuito atendió su caso, ella acudió a una audiencia al Tribunal de Justicia, se encadenó en plena audiencia y al final pudo ser escuchada.

El gabinete jurídico gratuito también mostró otro caso que se registró en Santa Cruz.

Esta vez se trata de una mujer, junto a sus niñas de 8 y 13 años. En este caso, el padre sometió a su esposa y a sus hijas, pues sufrían violencia sicológica, física y económica, pero nada podían hacer en la casa por el dominio total del hombre.

La esposa no tenía la oportunidad ni de salir a visitar a sus familiares. Estaba prácticamente presa en su casa, no solo privada de salir a ver a sus otros familiares, sino controlada en los servicios de alimentos y otros. “Nosotros atendimos el clamor de esta mujer y de sus hijas, y la justicia de alguna manera escuchó y se frenaron los ultrajes”, dijo el jurista Marvin Roberto Orellana.

Los abusos tienen cómplices

Los juristas que desarrollan la labor gratuita solidaria en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y con corresponsales en los otros distritos del país, detectaron que durante la pandemia por el Covid-19 la violencia familiar fue sorprendente.

Los ultrajes físicos, sicológicos y económicos se dan en el seno del hogar, pero en la pandemia aparecieron cómplices que ocultaron los hechos para que queden en la impunidad.

La violencia y los abusos sexuales por parte de propios familiares, especialmente a mujeres y niños, tuvieron testigos. Fueron sus parientes de la misma casa, pero no hicieron nada, entonces esto fue lamentable”, dijo el jurista Marvin Roberto Orellana.

Este gabinete jurídico desde antes de la pandemia atendió casi 1.000 casos en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, de los cuales gran parte son abusos contra la mujer, niños y también varones adultos.