Revocan libertad de Carlos Padilla y ordenan su detención en la cárcel
La Sala Penal Segunda argumentó que el dueño de Army Security puede obstaculizar las investigaciones. La Fiscalía anunció que volverá a citar a una decena de personas
El propietario de la empresa Army Security, firma que le vendió a la Alcaldía un centro de monitoreo móvil que la Policía se niega a aceptar, fue enviado a Palmasola. La Sala Penal Segunda revocó ayer la libertad provisional de la que gozaba desde el 18 de marzo Carlos Padilla y poco antes de las 18:00, el procesado fue escoltado por policías hasta el centro de reclusión.
Los vocales Mirael Salguero y Victoriano Morón resolvieron en favor de la Fiscalía, que impugnó la determinación de libertad provisional dictada por la jueza Albania Caballero, argumentando que basados en los nuevos elementos investigativos de los que se ‘armaron’ los fiscales Iván Ortiz y Fanny Alfaro, hay el riesgo procesal de que Padilla pueda obstaculizar la investigación del caso.
Sorprendido, con la mirada perdida, así escuchó la decisión de los vocales el dueño de Army Security, al que el Ministerio Público ve como un ‘palo blanco’ en este caso, donde la comuna pagó más de medio millón de dólares por un equipo que debería servir para realizar tareas de seguridad ciudadana, pero que la Policía afirma no cuenta con las especificaciones solicitadas por ellos cuando hicieron el pedido alcalde Percy Fernández.
Acabada la audiencia de apelación, el fiscal Ortiz se mostró satisfecho y dijo que en este caso se está investigando el mal uso de cerca a $us 600.000, dinero que producto de los impuestos de los cruceños. “Citaremos nuevamente a diez personas para interrogarlas”, precisó la autoridad judicial y agregó que además del exsecretario de Defensa Ciudadana, José Canudas, se convocará a “altos funcionarios del ejecutivo municipal”.
El martes 31 de mayo, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción allanó las oficinas de la empresa Westeco. De allí se llevaron documentación relacionada a la compra del centro de monitoreo móvil, donde se descubrió que no fue Padilla la persona que compró el dron, sino un joven de 30 años identificado como Paúl S.B., que adquirió la nave no tripulada por más de $us 90.000. Además los investigadores encontraron facturas falsas relacionadas con el proceso.
