Roly Aguilera reclama a la comisión investigadora de la CIDH que haga un trabajo "abierto y transparente" considerando a todas las partes

El Secretario General de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, expresó su incomodidad ante la falta de respuesta oficial  de la comisión investigadora de la CIDH a la solicitud de la Gobernación para que amplíe las indagaciones de los hechos violentos ocurridos a finales de 2019 en Santa Cruz. El pedido, enviado hace una semana, no ha sido atendido por el organismo internacional.

Aguilera destaca que han conocido a través de la prensa que los expertos internacionales de la CIDH acudirán a Montero para realizar las investigaciones correspondientes. Mientras esperan que se oficialice esta venida, considera importante que “se pueda reunir con todas las partes para una investigación abierta y trasparente" que permita fijar una posición completa.

La presencia de la comisión en Santa Cruz responde a "una acción directa del Gobierno Departamental exigiendo que se tome en cuenta a Santa Cruz, particularmente a Montero y Yapacaní". El Secretario General de la gobernación recuerda que "se ha sufrido el asesinato de dos personas en Montero y  se debe llevar adelante una investigación" para esclarecer los hechos, así como otras manifestaciones de violencia que afectaron al departamento.

Aguilera espera que, como gobernación, sean considerados  parte de la investigación y puedan recibir a la comisión de la CIDH.

Transformación en el sistema judicial

Sobre el anuncio de un proceso de reforma del sistema judicial lanzado por el Ministro de Justicia, Aguilera califica como poco serio que "personas con fuertes cuestionamientos" aparezcan como posibles integrantes del consejo asesor que se encargará de las propuestas de renovación.

Para Aguilera, que lleva "más de diez años con procesos judiciales que hasta este momento no concluyen y menos avanzan", las reformas al sistema deben ser no solo de forma, sino también de fondo. Considera que "el sistema  judicial boliviano  es un fracaso absoluto" y reclama la independencia de poderes como paso previo a cualquier proyecto de reforma.

Apunta que es "responsabilidad del Ejecutivo" garantizar un sistema judicial trasparente y confiable.

“Mientras el poder judicial esté sometido al poder ejecutivo, y se utilice la justicia como un arma política, los resultados son estos”, concluye Aguilera. Finalmente, denuncia que hay un manejo político de la justicia que deriva en la retardación  y otros problemas que provocan el descrédito ante la población.