Rómulo Calvo y Fernando Castedo van ante la justicia por el caso Caja Petrolera
La denuncia contra los cívicos es impulsada por la Fiscalía y el parlamentario masista Rolando Cuéllar, quien presentó una denuncia por los delitos de abandono de trabajo, daño económico al Estado y enriquecimiento ilícito.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el exdirigente de la institución cívica, Fernando Castedo, tienen audiencia por el caso Caja Petrolera este lunes, 23 de mayo. Acudirán con el respaldo de cívicos y vecinos al Palacio de Justicia.
Calvo debe comparecer ante el juez cautelar este lunes a las 14:00, mientras que Castedo hará lo propio por la mañana, en el Palacio de Justicia. Se los sindica de cobrar sueldo sin trabajar y en el caso de Calvo, de percibir un sueldo como especialista cuando en realidad no la tenía.
Ambos acusados han expresado en diferentes ocasiones que son víctimas de una persecución política y laboral y que el objetivo del masismo sería desestabilizar el aparato sindical que lideran desde 2016
"Apoyemos a nuestros líderes cívicos que están siendo perseguidos por la falta de una justicia independiente y sometida al Gobierno", manifestaron desde el Comité, en referencia a este caso que data de noviembre de 2021
La denuncia contra los cívicos es impulsada por el parlamentario masista Rolando Cuéllar, quien los acusó por los delitos de abandono de trabajo, daño económico al Estado y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, Calvo también ha sido acusado por los delitos de ejercicio indebido de la profesión, incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, en lo que respecta a sus labores en la Caja Petrolera de Salud.
En anteriores ocasiones, la defensa del líder cívico argumentó que no existe temor sobre una posible detención de Calvo porque los tipos penales no hacen posibles la medida excepcional de detención preventiva y el Ministerio Público ha obrado de manera objetiva dentro de este escenario.
Actualmente, Calvo tiene en su contra las medidas cautelares de arresto domiciliario y la prohibición de salir del país.
