Las comunidades del municipio de San Antonio de Lomerío anunciaron el inicio de un paro indefinido a partir de las 00:00 del 3 de junio, en rechazo a lo que consideran una “imposición arbitraria” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sectores afines al gobierno central.
La medida incluirá el bloqueo de la carretera que conecta toda la región de la Chiquitanía, como forma de presión ante la posible transformación del gobierno municipal en una autonomía indígena. Demandan una consulta previa o referéndum como paso previa a la deteriminación final.
La decisión fue respaldada por los Comités Cívicos Provinciales de la Cruceñidad, cuyo presidente, Marcelo Méndez, denunció públicamente que el TSE estaría actuando en complicidad con dirigentes afines al oficialismo, vulnerando la voluntad de la mayoría de las comunidades:
“Están violentando garantías constitucionales al querer sustituir un referéndum por una simple asamblea, cuando incluso los caciques que convocan (a esta reunión) ya cesaron sus funciones el pasado 22 de mayo. Es un atropello malicioso contra el pueblo de San Antonio de Lomerío. Cualquier enfrentamiento será responsabilidad del TSE y del gobierno nacional”, advirtió Méndez.
El Presidente del Concejo Municipal de San Antonio de Lomerío, Ignacio Soriocó, también expresó su rechazo a la convocatoria promovida por la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol), afirmando que más de 17 comunidades de las 29 que integran el municipio han firmado un voto resolutivo rechazando el estatuto autonómico indígena por “aclamación”.
“Están intentando aprobar el estatuto sin una consulta democrática, simplemente levantando la mano en una asamblea. Eso no solo es ilegal, sino ilegítimo. Exigimos al Tribunal Supremo Electoral que respete la voluntad de las comunidades y convoque a un referéndum como corresponde”, sostuvo Soriocó.
Las autoridades comunales remarcaron que los ex caciques de la Cicol ya no tienen mandato desde el 22 de mayo, por lo que cualquier convocatoria o acción que impulsen carece de legalidad y legitimidad. En consecuencia, los declararon personas no gratas dentro del territorio municipal, al igual que a los funcionarios del TSE que participen en el proceso.
El paro y bloqueo anunciado amenaza con paralizar una de las principales vías de comunicación de la Chiquitanía.