San Ignacio asfixiado por sequía, avasalladores y narcos en su aniversario

"Como comunidades de la TCO Bajo Paraguá no hay nada que festejar, tampoco como ignacianos, porque estamos viviendo una bomba de tiempo con los incendios y los avasallamientos en nuestra área protegida municipal. Ya hay una resolución del INRA y a la ABT no le da la gana de contestar ni hacer nada, y las autoridades calladas, igual que la mayoría de los ignacianos, cada uno tendrá su cola que le debe pisar", dijo con dureza Maida Peña, cacique de la comunidad Porvenir, de la TCO Bajo Paraguá, y también presidenta del comité de gestión del Área Protegida (AP) municipal Bajo Paraguá, actualmente avasallada.

Cuando respondió, este sábado 31 de julio, Maida llegaba de un patrullaje junto a otros comunarios, para detectar incendios y también desmontes. "Siguen desmontando y la Autoridad de Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT) no dice nada, sin embargo si fuera alguno de nosotros, hasta por una leña nos inician juicio, como ocurrió en la comunidad Cachuela, a un barbecho de un señor, que era una hectárea, hasta allá se desplazó una comisión para amedrentarlo y abrirle proceso", dijo. 

Acerca de los sobrevuelos de la ABT en la Chiquitania, Maida cree que solo son una distracción con un fin claro. "Quieren distraer para que esa gente tenga tiempo de seguir desmontando y no dar respuesta a la resolución que dio el INRA, de que los asentamientos son ilegales", dijo.

A pesar del panorama poco alentador, Peña aseguró que como comunarios no se van a callar porque es su trabajo, su vida, sus bosques y su tierra. Apuntó a los tres niveles de Estado por el abandono. "No hay apoyo a las comunidades, ni en proyectos productivos, ni de parte del Gobierno central, ni de la Gobernación, ni de la Alcaldía. Ahora que ya están en el cargo todos están calladitos y que cada uno se la busque. Por eso no hay nada que festejar", insistió.

El alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado, dijo a EL DEBER que varias son las preocupaciones sobre el municipio, pero las más urgentes tienen que ver con la sequía y el pésimo sistema de salud.

"Hace 10 años que no tenemos agua, y hace 50 años que tenemos hospitales, pero recién ha empezado a funcionar el Seguro Universal de Salud (SUS). Contratamos a un cirujano porque la gente ya no daba más, antes tenía que pagar Bs 3.500 a 4.500 por cirugías básicas", dijo.

En cuanto al problema del agua, explicó que la construcción de una represa para el municipio debe ser prioridad nacional, al ser un factor elemental para los seres humanos. "Tenemos un Gobierno central que maneja 89% de nuestro presupuesto y es su obligación darnos una represa, darnos agua. Lo que no se hizo nunca acá fue un proyecto, pero haremos un buen proyecto y vamos a presentarlo", indicó.

Dorado también abordó el problema de los avasallamientos, que no solo están en el área rural, sino también dentro del área urbana. Aseguró que con o sin la ABT, nadie quedará dentro del AP Bajo Paraguá. "Eso está claro", dijo.

El alcalde reflexionó sobre cómo se ha ido acentuando el problema de las tomas y el tráfico de la tierra. Según él, desde hace 18 años, en su posición como asambleísta departamental, desde el primer cabildo que se hizo, la rellenada de libros de 2004, se ha perdido la lucha porque "se nos entraron hasta a nuestra reserva forestal municipal, lo que hay que hacer es cambiar de estrategia". 

Dijo que por eso, desde su rol, empezó a hacer las representaciones, las denuncias de una forma diferente, "y por primera vez en 15 años tuvimos la respuesta del INRA, que dice que el asentamiento es ilegal". Aseguró que también se hizo la denuncia a la ABT, y que como autoridad municipal no se quedará de brazos cruzados.

Sobre el avasallamiento urbano al aeropuerto, problema que San Ignacio acarrea desde hace siete meses, Dorado aseguró que es un proceso que toma su tiempo y que está en manos de la Fiscalía.

Por otro lado, el tema más complejo, el del narcotráfico, no es misterio para el alcalde, pero enfatizó en que compete a la instancia nacional. "Es una política de Estado, si ellos no ponen mano dura vienen a ser cómplices. El Gobierno debe actuar, debe meter presa a la gente, sabemos por los medios de comunicación que han incautado un mundo de cosas, fábricas. Sabemos lo que pasó en 1986 con don Noel Kempff, siguen las mismas fábricas, sigue todo, pero ahorita ya no es secreto, todos lo sabemos, pero los únicos que tienen la potestad son los del Gobierno central, nadie más", dijo.

Miguel Durex, concejal de Demócratas, está preocupado por la pandemia, cree que empezó la escalada de casos en el municipio ignaciano, porque en los últimos días han registrado varios decesos. Precisamente por eso dijo estar en desacuerdo con la realización del masivo festejo por el aniversario 273 de San Ignacio de Velasco.

También mencionó la sequía, y resaltó que, si bien se han perforado pozos artesianos, todavía no se han conectado al sistema de distribución.

Igual que los entrevistados anteriores, lamentó el tema de los avasallamientos en el área protegida y en el aeropuerto antiguo de San Ignacio. "Según el actual alcalde, se apersonó a la ABT y al INRA, y supuestamente recién van a desalojar. Antes se formaba una comisión y se iba y se desalojaba, porque si esperamos que el Gobierno lo haga, eso no pasará nunca. A eso obligan al pueblo chiquitano, a que tome medidas de hecho, es la gente la que tiene que cuidar su territorio", insistió.

Dijo que a su suplente, José Ortiz, lo amenazaron, probablemente narcos, porque hizo declaraciones, y cuestionó la realización de la fiesta en pandemia, fiesta que no es nada barata.

El subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage, dijo que el narcotráfico está en su auge en el Bajo Paraguá, que sigue operando y pasando por la frontera. "Eso es silencioso, los rumores son para decir que está pasando mucha droga hacia Brasil y se está produciendo en el Parque Noel Kempff Mercado, y es una pena", dijo.

Maida Peña más bien cree que, con el reciente descubrimiento de las dos fábricas de droga en el Noel Kempff, y las áreas protegidas en la agenda diaria de los medios, las aguas por el momento están tranquilas en lo que al narcotráfico respecta. "Eso no hay en mi comunidad, es en otra que está más lejos, pero al darse más movimiento de autoridades acá (estuvo Defensa Civil), y estar más unida la gente, todo está más quieto", aseguró. 

Con relación a los avasallamientos, Vaca El Hage compartió que precisamente ayer, en la víspera de la fiesta, el fiscal de San Ignacio aprovechó para citar a la cacique de la comunidad Ebenezer, cuando todos están en otro plan. "La hicieron declarar, pero escribieron lo que quisieron, mientras que los colonos de Jerusalén 3, los denunciantes, llegaron con una abogada traída de La Paz y nadie supo ni quién era porque en su sello no se notaba el nombre.

​