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Ni el presidente de los ganaderos de San José de Chiquitos, ni la Iglesia Católica, ni los indígenas originarios, ni los menonitas. Ninguno de ellos se salvó de lo que viene convirtiéndose en un problema crónico en la región chiquitana: los avasallamientos.

Primero fueron los indígenas de la comunidad chiquitana Puquio, que según denuncias, fueron avasallados por personas ajenas a la zona, a las que desalojaron.

Luego le tocó a la propiedad privada Urasiviquia, de Juan Arnez, donde además de cortar el alambrado, de acuerdo a la versión del dueño, afectaron un ojo de agua.

El cacique general, Ernesto Barba, sostuvo que se trata de personas que vienen de otros lugares, que forman una directiva y que se entran a los predios, mintiendo que les dotaron las tierras.

Ante la advertencia de una denuncia penal de parte del dueño de la hacienda y de su abogado, los supuestos avasalladores respondieron que tienen abogados para asumir su defensa. Entre los dirigentes involucrados, según las entrevistas en el lugar, estaban Adolfo Aldana y Guido Cuadros, además de varias mujeres.

La propiedad La India, de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, también atraviesa el mismo problema. Hasta el lugar se trasladaron la directiva del Control Social, de la Hermandad Los Alferes, y representantes del Concejo Municipal. 

"Estamos en emergencia, hay preocupación, deben tomarse cartas en el asunto, es una propiedad que le ha costado mucho a nuestro ícono, el padre Huber Fleidl. Han cortado el alambre, dejaron que el ganado se salga. Ya basta de que personas ajenas a nuestro municipio estén atropellando las tierras. Ellos avanzan en horas de la noche, además hay una pista de aterrizaje para negocios de la gente que está asentándose", dijeron los denunciantes.

La colonia menonita Valle Verde también está en la lista de los afectados. Su abogado, Gonzalo Pedraza, convocó a la Comisión Agraria Departamental a que se haga presente en San José de Chiquitos.

Según Pedraza, lo que buscan estos colonos es mostrar la Función Económica y Social (FES) en tierras sembradas por los menonitas y que primero los problemas se dieron en San Ignacio de Velasco, después en Roboré, y ahora en San José de Chiquitos. Pedraza denunció que los avasalladores realizan quemas que después son atribuidas a los menonas y que además pueden generarles sanciones.


"Nuestra población ha crecido bastante y sí o sí, a plomo nos vamos a entrar a vivir", dijo uno de los denunciados como avasallador, supuestamente de la comunidad 19 de noviembre. Este grupo se personas, además de las carpas, tenía movilidades con las placas cubiertas. "Si ellos actuaran de buena fe no taparían sus placas", dijo uno de los detractores, mientras filmaba los vehículos.

"Que venga el INRA y nos solucione. Tenemos nuestra resolución de asentamiento. Somos originarios", aseguraron ante la interpelación, diciendo que eran de Montero y de Santa Cruz de la Sierra. Al lugar llegaron personeros del INRA, uno de ellos Martín Escalero, para hacer una inspección. Escalero confirmó que había otorgaciones de asentamiento cerca de la zona.

Otra víctima fue Adrián Castedo, presidente de los ganaderos de San José, y además ex presidente de la Asociación de Propietarios de Predios Avasallados (ASPA). Su hacienda, Monte Verde, en cuestión de seis meses, fue invadida por segunda vez.

"Sos un terrateniente desgraciado, camba perro", le gritaban en medio de la entrevista con la Red Uno.

"No sabemos que son predios privados", aseguró David Ancasi, uno de los apuntados como avasallador por Castedo. "Lo sabés, ya te habíamos dicho, muestren si tienen documentación", espetó el presidente de los ganaderos.

"Hemos ido a La Paz y sabemos que esto está en proceso de saneamiento y figura como tierra fiscal disponible. Desde La Paz nos mandaron a hacer vigilia desde el INRA y el Viceministerio. Ellos nos adelantaron que vendrían para hacer una inspección ocular", dijo Félix Ocampo, otro de los denunciados por Castedo. 

Según Adrián Castedo, 23 personas entraron para evitar que su personal entre a realizar los trabajos de rutina. "En San José de Chiquitos existe un solo funcionario de la Felcc, y antes eran cinco. El juzgado y la Fiscalía solo atienden dos veces a la semana", dijo Castedo, lamentando que tiene órdenes de aprehensión para seis personas hace un mes y medio, que no ha logrado ejecutar.

Según Castedo, estas personas se presentaron como funcionarios del Inra y de la ABT. "La ABT negó que trabajen ahí, pero si las autoridades no actúan es porque hay cierta complicidad", aseveró y lamentó que encima de todo le falte ganado, por lo que sentaría también una denuncia por abigeato.

Según Castedo, las personas que se entraron a sus predios son las mismas de hace seis meses. "Dijeron que eran de la comunidad Nuevo Renacer, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) de acá de la Chiquitania. Es más, hay certificaciones de que son de la Csutcb. El dirigente de la Csutcb, Martín Gira, reconoció que pertenecen a su organización, pero aseguró que no avala esos actos de avasallamiento", dijo Castedo.

El presidente de los ganaderos dijo que no tienen resolución de asentamiento y que tampoco son reconocidos por el Municipio. Castedo además aseguró que se comunicó con el ministro de Gobierno, y que "supuestamente harían algo, pero hasta ahora nada".Foto: Joel Ocampo, otro de los denunciados por Adrián Castedo.

Foto: Félix Ocampo, en la lista de denunciados

En emergencia

El 18 de junio, la Nación Chiquitana (NICH) se declaró en estado de emergencia y dio plazo al Inra para solucionar los problemas ocasionados por la dotación de tierras sin consulta a los originarios.

"Al parecer el Inra y la ABT han secuestrado a las deidades de los pueblos originarios de tierras bajas, ya que la población chiquitana está sintiendo la furia que emana de los seres sobrenaturales. No es ajeno que desde la ABT y el Inra emanan todas estas afectaciones", apuntaron, y dijeron que, de continuar el problema, se tomarán medidas de forma escalonada.

Tardía convocatoria departamental

El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Luis Fernando Menacho, adelantó una reunión de emergencia con las instituciones y los representantes de los sectores productores del departamento de Santa Cruz. Este martes tendrá un encuentro con los representantes de entes productivos, como Fegasacruz y Anapo, para analizar la problemática y anticipar la mencionada reunión.

Los aspectos que preocupan a las autoridades abarcan desde la inmediata inspección a las zonas avasalladas, hasta ofrecer apoyo legal a los afectados. Incluso se considera acelerar el proceso de convocatoria a la Comisión Agraria Departamental como mecanismo necesario para contener la toma de tierras.

"Los avasallamientos son un problema que tenemos que resolverlo entre todas las instituciones cruceñas. El Cabildo del 4 de octubre del 2019 dio un mandato a todas las autoridades cruceñas y es nuestra obligación ejecutar todas las determinaciones que emanen del pueblo cruceño”, señaló el gobernador Luis Fernando Camacho.

Sin embargo, Fernando Rojas, presidente de la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (Acisiv), señaló que en una reciente reunión realizada en la Cidob, los funcionarios del INRA presentes aseguraron que jamás asistirían a una reunión del Consejo Agrario Departamental.

El cívico de San Miguel Jorge Toledo, mostró imágenes de  funcionarios del INRA reunidos con los interculturales de la comunidad Churapa hace poco, a pesar de que esta instancia nacional, por medio de una carta de Eulogio Núñez, director nacional, a Ruddy Dorado, alcalde de San Ignacio, se disculpó y canceló una reunión informativa debido a la pandemia.

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