El Decreto Supremo 4910 que establece un mayor control a la venta de combustibles. Los productores piden una reunión con el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina

24 de abril de 2023, 7:29 AM
24 de abril de 2023, 7:29 AM

Néstor Lovera / Diego Seas

La jornada de este domingo se llevó a cabo una reunión de emergencia por parte de los productores del municipio de San Julián del departamento de Santa Cruz. Entre las conclusiones de este encuentro está exigir al Gobierno nacional la abrogación del Decreto Supremo 4910 que establece un mayor control a la venta de combustibles.

El ampliado extraordinario al que acudió el alcalde municipal de San Julián, Willy Calderón, la asambleísta Dilfe Renteria, productores y dirigentes de diferentes sectores, se realizó en la Federación Especial de Comunidades Interculturales.

Juanito Alba, ejecutivo de la Federación Sur de Villa Paraiso, dio lectura al voto resolutivo en el que además de exigir la abrogación del Decreto 4910, piden la presencia en San Julián del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, a las 14:00, para definir de manera conjunta el uso del combustible.

Señaló que en caso de que no sean atendidas las solicitudes se realizará un bloqueo indefinido y toma de carreteras desde las 00:00 horas este martes 25 de abril.

"Es lamentable la situación, cuando el decreto está aprobado recién quieren bajar a socializar y existe una molestia de los sectores. De entrada nos afecta (el decreto)", expresó Alba.

Indicó que ante los operativos realizados en estos días hay varios productores aprehendidos quienes fueron trasladados hasta la capital cruceña.

Durante una entrevista con el programa estatal, Molina manifestó que efectivos militares y policiales coadyuvan con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en las tareas de control de la venta de combustibles para evitar que los productos sean destinados al mercado negro.

Sostuvo que esta política marca una ruta para implementar una serie de medidas de control y optimización, desde la importación hasta la venta al consumidor final de combustibles, y así generar un ahorro al Estado en la subvención de carburantes de $us 250 millones durante una primera fase de ejecución.

La autoridad indicó que se intensificaron los controles en zonas de riesgo como Puerto Suárez, (Santa Cruz) Guayaramerín, Riberalta (Beni), Desaguadero (La Paz) y Cobija (Pando), que se encuentran en áreas fronterizas.