(VEA LOS VIDEOS) Este lunes inicia en la Cámara de Diputados el tratamiento de la ley que garantizará la realización del censo.

21 de noviembre de 2022, 10:00 AM
21 de noviembre de 2022, 10:00 AM

Un mes de paro. Tras el mandato del cabildo del pasado 30 de septiembre, desde el 21 de octubre, Santa Cruz acata un paro indefinido exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023, que este lunes cumple 31 días de movilización.

Pese a que, hasta el momento no se cumplió con el objetivo, todo parece indicar que el conflicto está llegando a su recta final. Desde este lunes, la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento de una ley que garantice la realización del censo e incluirá la redistribución de recursos y reasignación de escaños políticos antes de 2025.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, explicó que el debate comenzará, precisamente, en la entidad legislativa que dirige sobre la base de tres proyectos de ley (uno presentado por oficialistas y dos de opositores). Afirmó que se prevé que termine esta semana con todas sus etapas en el Legislativo.

“Con la voluntad y los acuerdos establecidos en la Cámara de Diputados, a lo sumo poder esta semana en el Senado y con eso se lo envía al Ejecutivo para que pueda ser promulgado”, apuntó el diputado oficialista.

No se pierde la esperanza

Mientras se aguarda una luz al final del túnel, los vecinos que exigen el censo en 2023 mostraron su ingenio y creatividad durante la protesta. Ayer (domingo) decenas de vecinos instalaron televisores en algunas rotondas donde hay puntos de bloqueo. La intersección de avenida Busch y Segundo Anillo, por ejemplo, es un punto de encuentro estratégico de la comunidad universitaria. Allí, en una carpa, pusieron un proyector para el partido inaugural que disputaron Qatar (0) y Ecuador (2).

“Ni el más pesimista iba a pensar que íbamos a llegar a un mes de paro. Ahora, nos pilló el Mundial y cuando hay convicción se encaran las luchas, más aún cuando es a favor del Santa Cruz y el país”, afirmó ayer el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, quien estuvo en ese punto de protesta de la avenida Bush.


En la rotonda del segundo anillo y Madre India, la alegría y el baile fueron una constante durante la noche de estas 30 jornadas de protesta. Coreografías improvisadas, rondas, cantos y la prohibición de consumir alcohol fueron un denominador común en este punto de bloqueo.


Un arbolito de Navidad, hecho con llantas, banderas bolivianas y cruceñas y el compromiso de continuar con el bloqueo hasta que la Ley del Censo sea promulgada por el presidente del país, Luis Arce, es la postal y el sentir de los vecinos que bloquean la entrada al barrio del Urubó.


La fe también se hace presente. A las 03:00 de la madrugada del martes se llevará a cabo la “caminata por paz y unidad para Santa Cruz”, que partirá desde el cuarto anillo de la ciudad y llegará hasta el Santuario de Cotoca.

La violencia no cesó durante los 30 días

No obstante, la violencia también fue protagonista en estos 31 días de paro. En múltiples ocasiones, el Plan Tres Mil se convirtió en campo de batalla, donde ambos bandos se enfrentaron a punta de piedra, palos y petardos. Aunque, fue notorio el respaldo de la Policía a los grupos que rechazan el paro por el censo. En estas revueltas se tuvo a decenas de personas heridas, entre las cuales resalta una menor de 11 meses que fue gasificada por los uniformados.


Durante la cobertura del paro indefinido en demanda por el Censo de Población y Vivienda, los periodistas en Santa Cruz fueron víctimas de golpes, empujones, gritos y hasta intento de homicidio.


La intensidad de la violencia se desató la madrugada del 2 de noviembre en el municipio de La Guardia, cuando el periodista de Unitel, Mario Rocabado, fue golpeado por personas que protagonizaban el cerco a la capital cruceña y se enfrascaban en el enfrentamiento con ayuda de la Policía que gasificaba a las personas que estaban a favor del paro.

Otra jornada violenta fue la que se registró el pasado viernes 11 de noviembre, cuando vecinos que exigen el censo 2023 quemaron la sede de la Federación Única de Trabajadores Campesinos (avenida Irala y primer anillo), como represalia de las agresiones sufridas por los marchistas del MAS ese mismo día.


Similar situación se pudo constatar en la Central Obrera Departamental (COD), donde no se registró ningún incendio, pero sí daños materiales de consideración. Según los dirigentes laborales, se robaron insumos de los consultorios médicos que funcionan en ese mismo edificio.