La crisis política y social que llevó al Gobierno a buscar espacios de diálogo con los sectores movilizados, ha generado una oportunidad para poner sobre la mesa demandas históricas de las regiones productivas. Aprovechando el debate abierto por el pliego de la Central Obrera Boliviana (COB), las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz reactivaron su exigencia de avanzar hacia una distribución 50-50 de los recursos públicos y reclamaron que las soluciones para el país no provengan únicamente de sectores que recurren a la presión y al conflicto, sino también de quienes generan producción, inversión y empleo.
El detonante fue el punto tres del pliego presentado por la COB al presidente Rodrigo Paz, referido precisamente a la propuesta del 50-50. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó que esta demanda refleja “el sentimiento del 100% de los bolivianos” y sostuvo que el debate debe traducirse en medidas concretas dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.
Velasco planteó que el primer paso sea “la departamentalización” del Impuesto a las Transacciones (IT), como parte de un proceso gradual de autonomía fiscal. Según explicó, la Gobernación cuenta con una propuesta técnica para aplicar esta medida de forma ordenada, legal y operativamente viable. Para la autoridad departamental, la discusión ya no se limita a la asignación de recursos, sino que involucra también mayor autonomía, desarrollo regional y un modelo más equilibrado para el futuro del país.
La posición cruceña cobra relevancia porque la propuesta del 50-50 no surge únicamente desde Santa Cruz. El propio presidente Paz informó, tras reunirse el 24 de abril con ocho gobernadores electos, que existía coincidencia en la necesidad de profundizar las autonomías, generar nuevas normas para impulsar inversiones y avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos departamentales.
Ese consenso volvió a reflejarse un mes después, durante la reunión de gobernadores realizada en Sucre. En la denominada Resolución del 24 de Mayo, las autoridades departamentales incluyeron entre sus principales planteamientos la departamentalización de tributos, la reformulación de la coparticipación tributaria y la incorporación de un nuevo esquema de distribución de recursos en el PGE 2027.
Para la presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, el diálogo entre el Gobierno y la COB puede contribuir a reducir la conflictividad social, pero advirtió que la estabilidad no debe convertirse en un argumento para postergar reformas estructurales.
La legisladora sostuvo que el Ejecutivo debe ampliar la mesa de diálogo e incorporar a las regiones, los gobiernos subnacionales, los sectores productivos, los emprendedores y la sociedad civil organizada.
A juicio de Álvarez, el desarrollo del país no puede construirse escuchando únicamente a un sector. “Tenemos que exigir respuesta a la propiedad privada, a la inversión, a la infraestructura, fortalecimiento de las autonomías y una distribución más justa de los recursos que genera el país”, afirmó la presidente.
Álvarez señaló que Santa Cruz exigirá respuestas concretas frente a problemas que afectan directamente a la producción, como los avasallamientos de tierras, la falta de infraestructura logística y la excesiva dependencia de decisiones centralizadas. También defendió mecanismos como las alianzas público-privadas y los sistemas concesionarios para acelerar la construcción de carreteras, puertos y obras estratégicas.
El mensaje de fondo es que, mientras el Gobierno busca contener la conflictividad mediante acuerdos con sectores movilizados, existe otra Bolivia que reclama atención. Una Bolivia que no bloquea carreteras ni paraliza actividades, pero que considera indispensable modernizar el modelo económico, fortalecer las autonomías y crear condiciones para producir más.
Desde Santa Cruz, la apuesta es que la coyuntura actual sirva para convertir viejas demandas regionales en políticas públicas concretas y abrir una nueva etapa de descentralización económica para el país.