Escucha esta nota aquí

Fernando Soria Sejas

En un plazo de seis meses se deben agilizar procesos que llevan años sin ser resueltos, para dar cumplimiento a la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal. Efraín Cruz, presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) señala que se busca una metodología para conseguir los mejores resultados. También habla de los cuestionamientos al Poder Judicial y los últimos ‘escándalos’ que lo salpicaron.

¿No hay recelo de sus colegas de que usted sea presidente, considerando que solo lleva un año como vocal?

No he percibido eso. Fui elegido por unanimidad de la Sala Plena del TDJ; no hubo disidencia ni otros postulantes, por lo que siento el respaldo institucional. Probablemente se dio algún rumor de mi lugar de nacimiento y radicatoria, pero está aclarado.

¿El cargo que asumió no ‘quema las manos’?

Entendemos que estar al frente de esta institución en el departamento más grande del país tiene su complicación, pero asumimos el reto para implementar las políticas institucionales.

¿Qué informes tuvo sobre el caso del reo que estuvo en la cárcel 15 años después de cumplir con su condena?

Nos enteramos el día de mi posesión (7 de octubre) y nos constituimos a Palmasola. Nos reunimos con el gobernador y resulta que el reo cumplió una condena anterior y salió, pero volvió a caer el año 2000; ahí hubo dos mandamientos de aprehensión, pero según el cuaderno procesal es el mismo caso. Eso se dio porque hubo dos inicios de investigación, porque era fin de semana y lo atendieron dos jueces.

¿Un error administrativo?

La autoridad jurisdiccional actuó en base a dos inicios de investigaciones; no es error del Poder Judicial, todo se rigió por esos dos ‘inicios’ de la Fiscalía.

¿Desde el Ministerio de Justicia se busca responsables?

No debió darse una confusión porque el 2004, a pedido de Defensa Pública, fue librado el mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena por el juez de ejecución penal Alberto Moreira Claro (que sigue en funciones) que fue recibido el 2 de agosto de 2004 por la Gobernación de Palmasola y Régimen Penitenciario. 

Si no lo hubiese emitido y notificado, hubiese habido responsabilidad del juez. Corresponde a esas otras instituciones buscar responsables. El interno incluso pidió una certificación de permanencia en 2012 y se le otorgó.

¿Hay más casos como este?

Las jornadas de descongestionamiento buscan identificar estos temas; hay que trabajar en una metodología entre todas las instituciones que vemos estos temas para identificarlos y darles prioridad. Entre 2018 y 2019 se han emitido 379 mandamientos de libertad en los reclusorios del departamento, y 2.332 resoluciones entre abreviados, suspensiones condicionales, sentencias y otros.

¿Qué pasará cuando se identifique que fue un error u omisión de un juzgador?

El Consejo de la Magistratura tiene la competencia de investigar, procesar y sancionar esas faltas. Como TDJ se identifica esas situaciones y corresponderá remitir antecedentes a Magistratura para que sustancie procesos administrativos disciplinarios.

¿Con la Ley 1173 se cerrarán casos como el de supuesto terrorismo y otros en un plazo de seis meses?

El objetivo de la ley es dar celeridad a los procesos para que no perduren por años y años vulnerando derechos, por eso los plazos tendrán que cumplirse y en caso de que no sea así será responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales; si acaso incumplen un plazo determinado por ley, será responsabilidad personal de esas autoridades, pero no se quiere llegar a eso, la norma debe cumplir.

¿Cómo se garantizará la independencia de poderes?

La Constitución establece que los cuatro órganos del Estado deben actuar de manera coordinada, lo que no significa que uno de ellos esté por encima de otro; la línea es que se cumplan los principios constitucionales.

¿Garantiza independencia?

Se debe cumplir la Constitución y eso se pedirá a los jueces y que se apeguen a las normas.

¿Las elecciones presidenciales tendrán repercusión en el Poder Judicial?

Si hablamos de manejarnos en el marco de la independencia de poderes, no tendría que haber ninguna repercusión.

¿Cómo ha golpeado el caso Montenegro al Poder Judicial?

Ha sido un tema en el cual aparentemente se vieron involucradas algunas autoridades, pero aún no hay sentencia condenatoria; debemos esperar para ver a quién se condena o se absuelve. Ha sido un tema que puso en cuestión al Poder Judicial, pero queremos trabajar para dar credibilidad a la gente junto a todas las instituciones.

¿Cuál es su compromiso con la población?

Consolidar la coordinación, establecer metodologías más prácticas para identificar dónde están las fallas y cómo dar soluciones. Haremos visitas sorpresa a los juzgados, como lo establece Ley 1173 y hemos pedido que se materialice la designación de más jueces para Santa Cruz; ya hay dos convocatorias para 30 o 40 nuevos jueces.

¿Cuántos jueces hacen falta en Santa Cruz?

Un juez cautelar atiende entre 2.000 a 3.000 causas al año. Según diagnósticos anteriores se debería duplicar el número de 200 jueces que hay en el departamento.