Desde hace varios días varios equipos de la Policía se desplazaron a San Matías para investigar el caso el secuestro de una joven. El viceministro de Régimen Interior dice que el caso está vinculado al narcotráfico y están involucrados bolivianos y brasileños

12 de junio de 2021, 9:16 AM
12 de junio de 2021, 9:16 AM

El viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, informó que junto a la Policía Boliviana iniciarán un proceso legal contra el juez de San Ignacio de Velasco, Miguel Borjas, por haber liberado a ocho personas acusadas de haber participado del secuestro de Rocío Silvestre M. C., de 27 años, pese a que el Ministerio Público presentó varios indicios que probaban su culpabilidad.

“Se hizo un gran desplazamiento de policías y se decomisó varias armas en posesión de los sindicados y resulta que el juez liberó a todo mundo, Iniciaremos acciones legales contra este juez y va tener que responder ante las autoridades”, dijo el viceministro.

Rodas indicó que detrás de este hecho de secuestro existe un caso de narcotráfico que esta siendo investigado por los efectivos policiales. Asimismo, se mostró alarmado porque el propietario de la estancia, en Las Petas, donde se realizó el operativo es un ciudadano brasileño identificado como Paul Cesar Guerreiro Da silva, quien sería el autor intelectual del ilícito.

Están involucrados varios bolivianos y brasileños que son propietarios de terrenos están a menos de 50 kilómetros de la frontera, lo cual está prohibido por la Constitución, porque no pueden estar en manos de extranjeros estas estancias”, explicó.

La víctima fue secuestrada el pasado 3 de mayo en la comunidad Vila Vila, de Brasil, por un grupo de sujetos armados que llegaron a su vivienda y la subieron a un vehículo. De acuerdo a la información policial, los delincuentes llevaron a la mujer hasta una estancia de Las Petas, en San Matías, donde estuvieron alojados por uno días.



Sobre el tema, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Ángel Morales dijo que, durante la intervención policial, se aprehendió a ocho personas que estarían implicadas en el delito y que además tenían armas de fuego en su poder. Añadió que fueron derivados al Ministerio Público, pero que quedaron en libertad por decisión de un juez de instrucción cautelar, pese a los indicios que presentaron en su contra.

Por su lado, el viceministro de Seguridad, Roberto Ríos, cree que la posición que tomó el juez Miguel Borjas es extraña porque determinó dar libertad irrestricta a las ocho personas que estarían involucradas, presumiblemente, con un caso de secuestro. 

“Se les ha encontrado armas, hay las declaraciones de las personas que posteriormente han sido cambiada por ellas mimas, puede ser por presión amedrentamiento; sin embargo, pese a todos elementos el juez ha tenido ese comportamiento, por lo tanto, a través de los ministerios de Gobierno y de Justicia se hará seguimiento al caso y se van a solicitar los informes antes las instancias correspondientes”, dijo la autoridad.

El fiscal departamental, Roger Mariaca, también se mostró molesto por la determinación del juez Miguel Borjas y sostuvo que presentarán una apelación a su decisión, pues considera que existían los elementos necesarios para ordenar la detención preventiva en la cárcel de los imputados.