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Séptimo anillo, noreste de Santa Cruz de la Sierra, a lado de las lagunas de oxidación de Saguapac. Al final de la radial 26, el camino conduce a un claro, en medio del bosque del Piraí. Hay unas pocas casitas, hay maquinaria pesada y hay un centro de acopio casi en el lecho del río. No hay ni 50 m. de distancia. 

Se trata de uno de los nueve puntos de acopio que el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) identificó en su Diagnóstico de la Cuenca del Río Piraí 2016 y que denunció por estar en el cordón ecológico, en este caso, en la franja de 100 metros del bosque de protección conocida como servidumbre ecológica. Para Luis Aguilera, titular del Searpi, esta actividad es ilegal porque va en contra de las normas de protección de las leyes Forestal, Plan de Uso de Suelo y Parque Ecológico Metropolitano.  

Pero, además, para 2016 se identificó 200 operaciones de extracción de áridos fuera del tercio central del río, es decir, en contra de la norma de explotación de áridos a lo largo de El Torno, La Guardia, Porongo, Santa Cruz, Warnes, Colpa Bélgica y Montero. En 2012, el Searpi señaló 107 operaciones ilegales y 10 acopios fuera de norma, lo que implica que las faltas casi se duplicaron en cinco años.

Sobre Santa Cruz
Cinthia Asin, la secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, refrenda al Searpi y que emitió recomendaciones para los municipios. Dijo que echa de menos la actuación de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), pues, según ella, la Ley Forestal le faculta para actuar contra delitos sobre la servidumbre ecológica. Sobre las siete comunas, ve que son responsables de activar procesos contra los infractores. 

Mauricio Zabala, director de Control de Medio Ambiente de la comunca cruceña, señaló que en las riberas de la capital hay una “pausa ecológica de hecho” desde 2.009 y que los tres acopios que señala Searpi fueron reportados a la ABT. Se buscó a Willy Severiche, de ABT Santa Cruz, pero sus colaboradores dijeron que estaba en una reunión y que devolvería la llamada. No lo hizo. Se buscó a Julio César Carrillo, alcalde de Porongo, donde se halló 117 operaciones fuera de norma (2016), pero que tampoco contestó llamadas. 

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