Se instala el debate que busca a culpables por los incendios forestales
El Gobierno culpa al modelo de desarrollo cruceño. Asambleísta y activistas responsabilizan al Ejecutivo y sus acuerdos políticos. También creen que con el cambio climático se siente con mayor fuerza el daño que deja el fuego
“El problema no se va a solucionar ni en Santa Cruz, ni en Beni, que son los departamentos donde año a año hay quemas desde el 2019”, aseguró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Según ella, las normas conocidas como el ‘combo incendiario se establecieron por determinados modelos; remarcó que gran parte del modelo de desarrollo cruceño se enfoca en la producción agropecuaria, que en muchos casos no está en sintonía con las prácticas medioambientales.
Por su parte, Eulogio Núñez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), argumentó que “la quema siempre ha sido una herramienta en la agricultura”, pero que debido al cambio climático ahora genera consecuencias graves, y vuelve impredecible el uso del fuego.
Núñez remarcó que en Bolivia se aplican sistemas de producción más sostenibles en el Chaco y la Amazonía.
Reacciones
Antes de que se abrogaran dos de las normas del ‘combo incendiario’, la diputada por la Chiquitania, María René Álvarez, apuntó a Prada por obstaculizar esta abrogación.
Ante las afirmaciones de la ministra, Álvarez le recordó el Gobierno del MAS ha fomentado y “ha sido cómplice de avasalladores y tomadores de tierra en Santa Cruz”, y que además fue el gobierno del MAS el que promulgó la Ley 741, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades y comunidades, incrementando significativamente los chaqueos e incendios.
Para Álvarez, el modelo cruceño no es depredador, pero sí las políticas del MAS a nombre de la seguridad alimentaria. Dijo que ese ataque es “inmoral”.
En un artículo de opinión, Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, recordó que en la época de Evo Morales se acordaron muchas normas con representantes agropecuarios, pero que además todo eso se hizo en estrecha coordinación con sus colaboradores más cercanos; destacando Luis Arce Catacora, en calidad de ministro y gestor del modelo económico del MAS.
Dijo que todo esto daba sentido a dos metas centrales: aumentar las tierras cultivadas de 3,5 a 12 millones de hectáreas y duplicar la población vacuna hasta 2025.
Además de lo que hizo Morales por los agropecuarios, Colque remarcó lo que también hizo por los militantes del MAS, “convertidos en avasalladores de tierras. Tanto las organizaciones CSUTCB como Interculturales de Santa Cruz (CSCIB) dieron su consentimiento al pacto con los agropecuarios, a cambio de otros negociados favorables a ambos sectores”, indicó.
Según Colque, al momento de firmar los acuerdos alcanzados en la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia”, pactaron la toma de tierras fiscales en el departamento cruceño.
“Ese es el origen de lo que ahora conocemos como desmontes de 20 hectáreas por cada afiliado a comunidades y asentamientos (Ley 741). También forma parte de las mismas confabulaciones la conversión de pequeñas propiedades a medianas. De aprobarse, se allanaría el camino para más desmontes y más incendios”, advirtió sobre la norma recién aprobada.
