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Cerca del Malecón de Warnes, en Valle Sánchez, a pocos pasos de las alambradas de unas propiedades, decenas de envases de plástico con residuos de aceite de motor se amontonan en un basural dentro de la servidumbre ecológica del Piraí. Es decir, basura de contenido tóxico a menos de 100 metros del lecho del río. Para Jorge Campos, responsable de proyectos del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), que acompaña a un equipo de EL DEBER, casos como este —que hay varios en el Parque Ecológico Metropolitano del Piraí (caudal más riberas y bosque de protección)— “son peligrosos” porque comprometen las aguas del caudal. 

De casos como este da cuenta un informe del Searpi denominado Diagnóstico de la Cuenca del río Piraí 2016, donde, en resumidas cuentas, los técnicos de este brazo operativo de la Gobernación de Santa Cruz señalan la existencia de un total de 49 puntos de posibles focos de contaminación, entre microbasurales y basurales en el cordón ecológico o en el lecho del río o por descargas de aguas residuales, ubicados en las riberas de El Torno, La Guardia, Porongo, Santa Cruz de la Sierra, Warnes, Colpa Bélgica y Montero.

“La apertura de caminos para sacar áridos o para asentamientos ilegales genera estos botaderos o basurales; por tanto, los municipios deben controlar, sancionar y multar a quienes estén botando basura en el parque”, opina el técnico del Searpi.

El diagnóstico enumera 18 puntos de basurales y descargas en El Torno, 16 en Santa Cruz de la Sierra, cinco en La Guardia, cuatro en Warnes, tres en Porongo, dos en Colpa Bélgica y uno en Montero.
Como en el caso de los asentamientos en el bosque de protección del río, que para el Searpi son ilegales, en el caso de los basurales y descargas residuales hay una marcada tendencia a su proliferación: según el diagnóstico, en 2012 solo se identificó nueve de estos posibles focos de contaminación del Parque Ecológico Metropolitano del Piraí, mientras que para el año pasado se señaló 49; es decir, en los últimos cinco años aumentaron más de cinco veces los puntos de posible contaminación en la cuenca y sus alrededores.

Para Cinthia Asin, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, los datos probablemente “son viejos”, pero de cualquier modo explica que se emitieron recomendaciones para las comunas, para el cierre de vertederos sobre el cordón y para su adecuación conforme a ley, en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

Los municipios

Gerardo Paniagua, alcalde de El Torno, se excusa. Dice que los problemas de su municipio en esta materia son herencia de sus predecesores, que ahora se trata de evitar la formación de basurales, los asentamientos ilegales y la depredación del barranco del río que le toca para la extracción de áridos.
Admite limitaciones de su administración, como el hecho de contar solo con Bs 36 millones de presupuesto, con inversión y gasto comprometida y sin margen de maniobra.
Sí, reconoce que la proximidad de 40 metros entre el lecho del río y la laguna de oxidación de su comuna puede ser un riesgo y que es difícil controlar los asentamientos.

Al norte, en La Guardia, Viviana Mariscal, secretaria de Medio Ambiente, dijo no conocer el diagnóstico del Searpi, pero cree que el alcalde Jorge Morales ha dado el ejemplo en la toma de medidas para protección del río con la pausa ecológica que aplicó en las riberas de su jurisdicción para frenar la depredación del bosque por extracción de áridos y para regular a los dragueros.

El caso cruceño

Zona de las lagunas de oxidación de Saguapac, séptimo anillo, Santa Cruz de la Sierra. Camino al río, todo se ha deforestado. Hay un asentamiento con casitas de madera, un puerto y un centro de acopio de áridos en plena servidumbre ecológica. En la senda para la maquinaria pesada de los dragueros, hay un basural: llantas, una taza de baño, escombros, residuos domésticos. El Searpi acusa: todo es ilegal.

Un poco al sur, en el Ambrosio Villarroel, un barrio ubicado casi en el lecho del río, hay promontorios de basura alrededor de un contenedor de Vega Solví, empresa que la Alcaldía contrató para el aseo urbano.
Aquí se acopian los desechos de un vecindario que la comuna no le reconoce legitimidad, precisamente, por haber invadido el ‘cordón’. Así se verificó ayer. Según el Searpi, los puntos de descarga y de basurales pasaron de dos, en 2012, a 16 para 2016. Michelle Lawrence, secretaria de Medio Ambiente, cree que los datos no necesariamente son precisos y explica que Santa Cruz es el municipio que mejor controla la protección del Piraí. 

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