Se suspendió audiencia cautelar del alcalde de San Ignacio

En septiembre de este año se dio a conocer públicamente la imputación de Rudy Dorado, alcalde de San Ignacio de Velasco, luego de que el concejal José Ortiz le iniciara dos procesos judiciales por hacer, supuestamente, adquisiciones sin pasar por el Legislativo, y sin licitar, contrariamente a lo que manda la norma. 

Este viernes 1 de diciembre, a las 10:30 am, estaba prevista la audiencia de Dorado en el piso 13 del Palacio de Justicia, con Primo Flores como juez, y Alberto Zeballos Flores como fiscal. Sin embargo, la sesión fue suspendida con el argumento de que no se notificó al alcalde.

Inicialmente, la audiencia estaba fijada para el 29 de agosto, pero también fue suspendida por falta de notificación.

La próxima sesión está agendada para el 27 de diciembre, y Ortiz ofreció ser parte de una comisión para notificar al alcalde.

Molestia

El denunciante dijo que este es un caso más del "famoso" juez Primo Flores, "es una raya más al tigre. Tenemos que seguir luchando por la justicia, estos actos de dilación de las denuncias de corrupción son una afrenta al pueblo, se roban los pocos recursos que ingresan, y los denunciados comparten el botín con los administradores de justicia", apuntó.

Según Ortiz, "esto se ha convertido en un modo de operar de una mafia configurada entre algunos políticos y representantes del órgano judicial, como fiscales y jueces, que suspenden audiencias para que uno se canse y deje de peregrinar por justicia".

Ortiz cuestionó que si el alcalde ignaciano no estaba notificado, como adujo el juez, entonces por qué asistió su abogado. Denunció que el fiscal Alberto Zeballos tampoco se presentó, argumentando que estaba en La Paz.

"Pero el fiscal olvida que conocemos la norma del Ministerio Público, que establece que bajo el principio de unidad él debió delegar a otro fiscal para que asistiera. Esto es una mafia, es un contubernio", aludió.

Ortiz dijo que tomará la palabra al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, y llamó no solo a procesar, sino también a suspender de sus funciones a este juez que "es un peligro para Santa Cruz".

Indicó que "curiosamente" el otro proceso que inició contra cinco concejales de San Ignacio también cayó en el juzgado de Primo Flores.

"Van dos años que peregrinamos, esto es una chicanería jurídica. Nunca pensé que obtener justicia costara tanto, tengo que viajar mil kilómetros. Ya debería emitirse orden de aprehensión", arremetió el concejal.

La diputada de Comunidad Ciudadana, María José Salazar, lamentó que una vez más el poder judicial suspenda las audiencias, y ejemplificó con el caso de los hermanos Kim, a quienes se les han postergado las sesiones de manera sistemática.

"Hoy era la audiencia del famoso alcalde de San Ignacio, que permite avasallamientos y destrucción de la reserva y área protegida municipal Bajo Paraguá, del Parque Noel Kempff Mercado y del aeropuerto. Es lamentable cómo la corrupción se campea en San Ignacio", afirmó Salazar.

Agregó que toma la palabra del ministro Del Castillo sobre Primo flores, "famoso por dictar resoluciones contrarias a la ley".

Cuestionó la burla porque el concejal Ortiz tuvo que viajar mil kilómetros de ida y vuelta, y en vano.

EL DEBER buscó una versión del Ejecutivo Municipal ignaciano a través de la abogada defensora, Wendy Nikita Díaz, pero no respondió ni a las llamadas ni a los mensajes, finalmente rechazó la llamada. 

Antecedentes

Según el concejal Ortiz, en agosto del 2021, a sólo unos meses de asumir como alcalde, Dorado empezó a realizar compras y contratos, la mayoria de los cuales necesariamente debían tener la aprobación del Concejo, por la cuantía.

Sin embargo, Ortiz lamentó que de dos procesos de compras, en los que logró detectar irregularidades, ninguno pasó por el Concejo. Asimismo, Ortiz indicó que el Decreto Supremo 0181, que regula las modalidades de compras,  establece que para compras mayores a Bs 20.000, se debe licitar. 

"Cosa que no ocurrió, lo hicieron por orden de compra directa, sin licitar, violando la normativa establecida en el DS 0181 y violando nuestra Ley Municipal 53. Ambas tuteladas, protegidas constitucionalmente", recalcó. 

El primer proceso fue por la compra de luminarias, "a casi Bs 2.000 cada una, y que en las tiendas no valen ni Bs 300", aludió.

En el segundo proceso, Ortiz formalizó denuncia contra cinco concejales "oficialistas", dos del MAS y tres de la agrupación Fuerza y Esperanza (FE), que llevó a Rudy Dorado al sillón edil. Estos son: Ernesto Rivera Ocampo, Nancy Céspedes Ardaya, Danitza Moruno Zeballos, Víctor Flores Ledezma, y Marcos Méndez Mattos.

"La denuncia fue por aprobación ilegal de una obra de casi Bs 13 millones, para la pavimentación de la avenida Prado Velasco, que conecta la Terminal de buses y el cementerio. Esta obra no estaba en el POA 2022 y además presentaba otras observaciones, pero cinco concejales autorizaron, a pesar de las recomendaciones", dijo con anterioridad.

El plazo para imputar a los concejales ya venció, y ante esta situación, Ortiz envió una carta a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental, para poner en conocimiento esta situación.

"Ya se venció el plazo para sacar la imputación ya, lo que queda es o se imputa para cautelarlos, o se saca resolución de rechazo, que objetaremos, de darse el caso", indicó Ortiz.

Concejo

A través de una carta, el 15 de junio, dirigida al fiscal Alberto Zeballos, el presidente del Concejo Municipal, Marcos Méndez Mattos, uno de los denunciados por Ortiz, confirmó que la compra de luminarias no pasó por la aprobación del Concejo ignaciano. "No hemos tratado, ni considerado, ni aprobado algún proceso de contratación de los referidos en su requerimiento", indica la misiva.

​