El abogado y militar en retiro pasivo Jorge Santistevan asumió la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña en medio de una creciente preocupación por la violencia, los sicariatos y el avance del crimen organizado. Especialista en planeamiento estratégico y tácticas operativas en situaciones de crisis, Santistevan fue entrevistado en el programa Otra Noche de Grupo EL DEBER, donde delineó las prioridades de su gestión.
-¿Cuál es la radiografía que tiene de la seguridad en Santa Cruz?
Lo que estamos viendo en Santa Cruz son amenazas que afectan no solo a la sociedad, sino también a la economía y al desarrollo del departamento, y eso repercute en todo el país. Si Santa Cruz tiene problemas, eso se refleja en la producción y en el abastecimiento nacional. Pero la seguridad ciudadana no se limita únicamente al combate del crimen o de los delitos comunes. También tiene que ver con amenazas que afectan al aparato productivo, como los incendios forestales, que en un 80% son provocados y golpean directamente al agro y a la economía regional.
-¿Cómo se coordinará el trabajo frente a delitos como el sicariato o la delincuencia?
Nosotros no vamos a interferir en las labores policiales; vamos a apoyar y cooperar. La Constitución establece competencias concurrentes en seguridad ciudadana entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. En ese marco hemos decidido impulsar la creación de la primera Guardia Departamental de Seguridad Ciudadana del país. Su tarea estará enfocada principalmente en la prevención, mediante patrullajes, monitoreo y tareas operativas que permitan fortalecer la protección directa al ciudadano. Queremos que sea un modelo para otras gobernaciones y que contribuya a una respuesta más efectiva frente a la criminalidad.
-Usted ha cuestionado el uso de recursos de seguridad ciudadana para cubrir otras obligaciones.
Lo primero es que estamos realizando un diagnóstico porque ni siquiera se ha recibido el 30% de los recursos provenientes del IDH destinados a seguridad ciudadana y todavía no tenemos cifras exactas de cuánto se invirtió o cuánto queda. Pero vemos algo claro: no hay razón para que la Gobernación asuma responsabilidades que corresponden al Estado. Por ejemplo, más de 40 millones de bolivianos destinados a los prediarios de Palmasola. Las cárceles están bajo control de Régimen Penitenciario, que es una institución del nivel central y tiene sus propios recursos. La Gobernación estaba cubriendo esos gastos porque durante años no hubo capacidad para invertir de manera eficiente en seguridad ciudadana y se priorizó la compra de bienes, como camionetas.
Vamos a convocar y articular a todas las instituciones a través del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, encabezado por el gobernador. Participarán alcaldes, Policía, Fiscalía, sistema judicial, sectores vecinales y productivos, e incluso se ampliará la presencia de militares.