Sectores cruceños dan ultimátum al Gobierno y también anuncian manifestaciones desde el jueves

Gremiales, transportistas y microempresarios de Santa Cruz dan un ultimátum al Gobierno central para la promulgación de la Ley de Diferimiento de Créditos de la Banca, la cual fue aprobada hace dos semanas por el Senado y en caso de que la solicitud no sea atendida se iniciarán marchas y manifestaciones, como ya se anunció en otros departamentos, desde este jueves, 27 de agosto.

Bismarck Daza, secretario general de la Federación Transportistas 16 de noviembre, señaló que si es que no se promulga la ley hasta este miércoles 26 de agosto el transporte cruceño no trabajará y saldrá a las calles para hacer escuchar su pedido.

"No estamos operando al 100% y lo que trabajamos apenas cubre costos operativos y no alcanza para alimentar a nuestras familias. Hay quienes renovaron recién sus unidades con vehículos nuevos, pero no hay trabajo para cubrir los gastos, ¿cómo quieren que paguemos créditos con un momento tan crítico?", cuestionó Daza.

Asimismo, el presidente de la Línea 10 y hombre cercano al bloque de transporte urbano (Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo y zona sur, entre otras zonas), Mario Guerrero, señaló que no piden que se condonen deudas, sino que se difiera para pagarlas a partir de enero de 2021. 

"Nos piden que negociemos con nuestros oficiales de créditos, pero nos están apretando desde los bancos, cuando trabajamos a media fuerza para ir a pagar. La única manera de frenar las medidas de presión es con la promulgación de la ley", sentenció Guerrero.​

Al ser consultados sobre la inestabilidad que aduce la banca que podría generar esta ley, los transportistas creen que el Estado tienen facultades para dar soporte al sistema financiero y subrayan que no buscan la quiebra de las empresas financieras, sino que es evidente que no pueden cubrir los pagos en tiempos anormales por la emergencia sanitaria.

​Entretanto, desde la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), que opera en conjunto con el sector gremial, anunciaron que hay preocupación porque ya está en puerta la finalización de mes y los bancos dan la opción de reprogramar los créditos, tema que también rechazan porque esto puede conllevar a una baja de categoría para acceder a planes crediticios.

El presidente de Fedemype, Félix Huaycho, señaló a EL DEBER que se analizará si se continuará trabajando con la banca debido a la presión latente y lamentó que las ventas no alcanzan para pagar deudas actualmente, pero sí esperan que la situación mejore en los próximos meses.

"Vamos a esperar hasta mañana al Gobierno, como día tope, caso contrario saldremos el día jueves a las calles en conjunto con el sector transporte. En nuestros asociados hay más de 10.000 unidades productivas afectadas. Esto no es un tema político partidario, es una causa justa y necesitamos apoyo", resaltó Huaycho.

Al respecto, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, apuntó que el Gobierno central está analizando el impacto de la ley y adujo que se debe encontrar un equilibrio con el dinero de los ahorristas del sistema financiero, dueños de más del 90% de los recursos que prestan los bancos.

Desde la banca la medida es observada y rechazada. Entes como la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) y la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) están en desacuerdo con la propuesta de ley.

Los actores del sistema financiero aseguran que la ley pone en riesgo al sector y aducen que se retrasaría la reactivación económica de Bolivia; afectando a empresas y personas que tienen necesidades de apoyo financiero para superar la crisis que atraviesa el país debido a la emergencia sanitaria.