Solo en Santa Cruz se han quemado 17,5 millones de hectáreas en los últimos diez años

No ha iniciado el periodo oficial de quemas y el Observatorio de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) ya alertó en abril sobre la intensificación de los focos de quema en zonas incluso no permitidas, como el Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil, además de desmontes, como el reciente de enero en el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá, que también es reserva forestal.

Los reportes de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) informan que en los últimos diez años, solo por incendios, el departamento cruceño ha perdido 17,5 millones de hectáreas, el 34% superficie boscosa, y que los más grandes incendios se han concentrado en las dos décadas más recientes.

El mayor problema es que el fuego ya ha perdido el respeto a las áreas protegidas, donde se está registrando un cada vez mayor avance de las llamas, especialmente desde la catástrofe de 2019.

Según Alcides Fernández, responsable de cuadrilla de bomberos forestales de Santiaguito, en Roboré, es notorio el impacto del fuego, ya que hoy todo es más seco, lo que hace que las llamas se expandan más rápido y sea difícil controlarlas.

Es por eso que, desde hace diez años, FAN ha planteado la evolución de una mirada concentrada en la atención de la emergencia, a la de gestión integral y comunitaria del fuego. Esto se refiere a las intervenciones dirigidas no solo a la prevención, control o supresión de incendios, sino también al uso cultural adecuado del fuego con fines específicos, que pueden ser para la agricultura y el manejo de los recursos naturales, e incluye además la ecología del fuego para comprender de mejor manera la relación del fuego con los ecosistemas.

Es que desde FAN reconocieron que el 99% de los incendios han sido provocados por actividades antropogénicas.

FAN trabaja con 30 comunidades indígenas y campesinas de la Chiquitania, promoviendo la organización y mejores prácticas para el uso responsable del fuego y el manejo sostenible de la tierra. Las comunidades coordinan y planifican sus quemas agrícolas bajo condiciones controladas y medidas de seguridad. 

Disponen de herramientas y acceso a tecnologías de información y comunicación para el monitoreo de su territorio, incluyendo el uso de la tierra y el peligro de incendios, a través de teléfonos inteligentes e instrumentos meteorológicos que permiten conocer y anticipar las condiciones de riesgo y establecer un sistema de alerta temprana a nivel comunitario para prevenir incendios forestales.

Asimismo, desde la Alcaldía de Roboré reconocieron la importancia de esta perspectiva comunitaria, ya que como municipio no cuentan ni con el personal técnico ni las condiciones suficientes para afrontar situaciones que se salgan de control.

Deforestación, otro serio problema

Bolivia tiene más de 50 millones de hectáreas de bosque, es el tercer país con más bosque tropical de Latinoamérica. Sin embargo, hasta 2019 se deforestaron más de ocho millones de hectáreas, equivalentes a 33 canchas de fútbol por hora. 

Estos desmontes se intensificaron desde 2015, llegando al 73%, con 346 mil ha por año, concentrando Santa Cruz el 75% del daño, seguido por Beni, con el 7%, el 10% en la parte sudoeste de la Amazonia, el 22% en el bosque seco chiquitano, y el 23% en Gran Chaco, dicen los informes de FAN.

En Santa Cruz, los municipios de Fernández Alonso, Montero, Okinawa 1, Warnes, Cotoca, Mineros y Saavedra han perdido entre el 95 y 99% de sus bosques, seguidos de San Julián, Cuatro Cañadas, Charagua y Pailón.

Una preocupación para FAN es que hasta 2019 esta deforestación ya se ha extendido 800 mil hectáreas dentro de los límites de territorios indígenas, sitios internacionales Ramsar, humedales y áreas protegidas. El 90% de los desmontes suceden fuera de estos sitios, eliminando la conectividad entre sitios claves para la biodiversidad y la estabilidad climática.

Entre las principales causas para la pérdida de la cobertura boscosa figuran, según FAN, el desarrollo de infraestructuras; los derechos otorgados a la minería e hidrocarburos; la expansión ganadera; la agroindustria; y la agricultura migratoria.

El Movimiento de Defensa del Valle de Tucabaca presentó el mes pasado datos e investigación de la alarmante deforestación de los bosques de la zona al alcalde, su equipo técnico y al Concejo Municipal de Roboré.

"Entre los datos alarmantes que encontramos, están la mala interpretación del plan del uso del suelo, deforestación a suelo raso mas allá de los autorizados por la ABT, deforestación mecanizada en zona categorizada para uso forestal y a orillas de las nacientes del río de Tucabaca y otras quebradas. En total, son  25.691 hectáreas deforestadas hasta el 2021 en la zona del Valle de Tucabaca, según estudios de Hansen Global Forest Change", informó Eder Santibáñez, coordinador de la investigación.

Sobre este tema, el director departamental de la ABT, Luis Flores, dijo que pediría un reporte a su equipo para responder.

​