Sosa aún debe librar una batalla legal para poder salir de prisión

La exalcaldesa Angélica Sosa ganó una acción de libertad relacionada con el caso de los ‘Ítems fantasmas’, la causa mayor de todos los procesos que acumuló la exautoridad durante los últimos dos años. Tras el fallo se instaló la expectativa de su pronta liberación, pero Sosa aún debe librar una batalla legal y cumplir requisitos, además de asistir a otra audiencia antes de salir de prisión.

Por partes. Primero, el tribunal Tercero de Sentencia, conformado por Carlos René Roca, Lily Salazar y Raúl Lizarazu, concedió la tutela en favor de la exalcaldesa que había exigido que se cumplan con dos resoluciones emitidas y que le permitían defenderse en libertad de todos los procesos que se plantearon en su contra.

Los fundamentos de la defensa señalan que, en el caso ‘Ítems fantasmas’, el 6 de octubre de 2022, el juez cautelar Juan José Quiroz le concedió la cesación a la detención por considerar que mejoró su situación jurídica y le correspondía defenderse en libertad. La resolución 898/2022 estableció que se desvirtuaron los riesgos procesales y que venció el plazo de la detención preventiva. Quiroz le fijó cumplir las siguientes medidas: fianza juratoria, presentarse a firmar el libro a la Fiscalía cada siete días, prohibición de acudir a la Alcaldía, además de juntarse con otros procesados y arraigo.

Esta resolución causó malestar en autoridades en la Alcaldía, de la Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia, la Procuraduría del Estado y la Brigada Parlamentaria Cruceña. Por eso se presentó una apelación para revertir el fallo. Sin embargo, el 16 de enero de este año, la sala penal del vocal Walter Pérez, emitió el auto de vista 702023, declarando improcedente la apelación y confirmando la resolución del juez Quiroz.

La sala penal confirmó, en todas sus partes, que la exalcaldesa puede defenderse en libertad, especialmente, porque los plazos procesales para la detención estaban vencidos. Sosa fue detenida el 24 de diciembre de 2024.

Segundo. De acuerdo con los procedimientos, el Tribunal Tercero, tras declarar procedente la acción de libertad en favor de Sosa, debe remitir el caso a otros juzgados. Ese fallo data del miércoles y el papeleo aún continúa.

En su resolución, los jueces Carlos Roca, Lily Salazar y Raúl Lizarazu establecieron que la exalcaldesa debe salir en libertad, pero aclararon que “quien debe emitir el mandamiento es una tarea que le corresponde a otro juzgado”. En este caso al juez Juan José Quiroz.

Ahora bien, el expediente permanece en el Tribunal Séptimo de Sentencia, donde radicó para que se fije fecha del juicio oral contra la exalcaldesa por delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y otros.

Autoridades penitenciarias aseguraron ayer que los procedimientos deben cumplirse y que “por lo menos se debe esperar ocho días para que se cumpla” y Sosa salga del penal.

 El expediente más voluminoso

El reciente fallo del Tribunal Tercero generó una ola de cuestionamientos, críticas y amenazas con procesos de parte de representantes de diversos sectores.

Se trata del caso ‘ítems fantasmas’, que se inició en diciembre del año 2021. Es uno de los procesos que se convirtió en un escándalo por la danza de dólares en manos de funcionarios públicos.

Hasta ahora, las actuaciones se concentran en un expediente con más de 60 cuerpos que significan más de 13.000 fojas. En los estrados judiciales este caso es comparado al expediente del italiano Marino Diotado, quien trabajó irregularmente, hace unos 18 años, con agencias de seguridad

La exalcaldesa enfrenta también otros procesos que se desprenden del caso ‘Ítems fantasmas”. También es procesada por el caso BRT y legitimación de ganancias ilícitas. Para hoy tiene fijada una cautelar por el caso BRT.

De hecho, Sosa y Guillermo Parada Vaca son los únicos detenidos en Palmasola del grupo de unas 10 personas que ya lograron su libertad. En este caso hay más de 50 personas investigadas.

De la pesquisa original ‘Ítems fantasmas’ se desprendieron figuras jurídicas como legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, organización delictuosa y otros. Tras el fallo, la Alcaldía, a través de sus asesores, anunció un juicio contra el tribunal que concedió la tutela a Sosa. Lo mismo anunciaron concejales, parlamentarios, Ministerio de Justicia, de Transparencia y otros por considerar que el fallo no es correcto, especialmente, porque afecta a las arcas públicas.

La Alcaldía calculó un daño próximo a los $us 200 millones.