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La exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, debe presentarse este lunes ante la justicia para responder por una serie de supuestos delitos, en un proceso que le sigue el actual burgomaestre Jhonny Fernández. La audiencia informativa está fijada para las 11:00.

Sosa y la exsecretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Sandra Velarde, además del exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño, son investigados por uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica, informaron a EL DEBER desde el Ministerio Público.

Mientras la audiencia de Sosa es en horas de la mañana para las 15:00 de esta misma jornada se fijó la cita para que se presente en la Fiscalía, Velarde, mientras que Cedeño lo hará mañana a las 9:00.

Por ahora, se conoce que formalmente solo se cuenta con la denuncia presentada por Fernández y que ninguna otra persona o institución se ha plegado a la misma.

Proceso investigativo

Hace unos días, el actual presidente del Concejo Municipal cruceño, Israel Alcócer, afirmó en EL DEBER Radio que existen más de 2.000 contratos observados.

La autoridad municipal explicó que se tenía trabajando al personal de manera irregular. Puso como ejemplo a funcionarios que no iban a desempeñar sus funciones laborales, pero si cobraban un salario, que son los llamados contratos fantasmas. Agregó que existían personas que no eran profesionales, pero estaban en cargos que si requerían un título universitario.

Alcócer señaló además que, dentro de los contratos observados, está el personal contratado en los últimos meses para las brigadas de salud. Indicó que Sosa hizo los contratos para más de 500 personas, pero no las subió al sistema, situación por lo que no se les pagará los meses trabajados.

Informó que, durante la gestión pasada, a muchos de estos funcionarios se les pagó con una boleta, en cambio otros tuvieron que trabajar de forma gratuita. “Les prometían que les iban a cancelar, pero al final no lo hicieron, entonces lamentablemente tuvieron que trabajar ad honorem”.

La suma de todos los contratos deja un déficit aproximado de unos Bs 23 millones, además no descartó una depuración de personal, ya que en la actualidad existen unos 10.000 funcionarios y según él el municipio puede cumplir con las obligaciones con unas 6.000 a 7.000 personas.


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