Suspenden la audiencia de Angélica Sosa y otros exfuncionarios municipales por el caso BRT
La nueva fecha es el 30 de marzo. La exalcaldesa salió del penal de Palmasola para responder por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, entre otros
La exalcaldesa interina Angélica Sosa llegó en torno a las 11:00 de este martes, 15 de marzo, hasta el Palacio de Justicia, para responder a las acusaciones en su contra por el caso que refiere a la ejecución del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, la audiencia fue suspendida y se fijó una nueva fecha: el miércoles 30 de marzo a las 8:30
Además de Sosa, en este caso hay otros nueve imputados, entre ellos el exalcalde Percy Fernández y el exsecretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera. La audiencia se suspendió justamente por la ausencia de algunos implicados.
La audiencia debía desarrollarse el pasado miércoles, pero el abogado defensor de Sosa, Jerjes Justiniano Atalá, presentó un incidente de nulidad para dejar sin efecto la imputación contra su defendida, por lo que la autoridad jurisdiccional decidió suspender el acto judicial y reprogramarlo.
La comisión -compuesta por Alexander Mendoza y Rose María Barrientos- demanda que Sosa sea recluida en la cárcel. Está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y contratos lesivos al Estado, mismos cargos que recaen sobre el resto de sindicados (con excepción de Percy Fernández, por su estado de salud)
El antecedente más reciente por el tema BRT tiene que ver con la reclusión del exsecretario de Movilidad Urbana del municipio cruceño, Rolando Ribera, quien fue enviado a Palmasola por determinación del juez Cuarto de Anticorrupción, Juan José Quiroz.
Mientras que los otros aprehendidos: Percy Rojas y sus dos hijos, fueron liberados. El primero con arresto domiciliario y los otros dos con libertad irrestricta.
La situación de estos últimos aludidos se refiere al caso BRT II, que se desprende del caso BRT y los principales acusados son Ribera y Rojas, a quienes se los sindica de haber actuado de manera irregular para poder adjudicar la ruta del primer anillo a la empresa Chuturubí, que pertenece a la línea 17 y 18.
