Los indígenas se enfrentaron por primera vez el 4 de agosto con los campesinos de La Única que bloqueaban la vía Santa Cruz-Trinidad. La pugna en esa región no solamente es por tierra, alcanza a la utilización de un recurso vital, el agua

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8 de agosto de 2022, 6:19 AM
8 de agosto de 2022, 6:19 AM

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz bloqueó la carretera a Beni a la altura de Guarayos. El jueves un grupo de pobladores indígenas los enfrentaron por primera vez. Así se plantó la semilla de una guerra que podría librarse en Guarayos no solo por la tierra, sino también por el agua.

Los avasallamientos con desmonte y las quemas son recurrentes hace al menos 12 años, y la principal herramienta que utilizan para justificarla es la función económica y social, con una capacidad enorme en cuanto a movimiento de maquinaria y organización, relató la investigadora Alicia Tejada, quien ha hecho un estudio entrevistando a los tres actores: campesinos, los llamados interculturales e indígenas.

“Este conflicto ha rebasado el problema de la tierra y ha incursionado en territorio y biodiversidad. Lo que pudimos constatar es que la Central Única de Trabajadores Campesinos tiene una corta vida en la zona, desde 2010, relegando la federación de Campesinos que estaba vigente desde 1952”, aseguró la experta.

Ocuparon primero las concesiones forestales, en algunos casos con la complicidad de los propietarios. “Estas tierras no se pueden titular, y eso ha generado una presión muy grande en el INRA, que no emitió resoluciones de asentamiento y en su rol administrativo, llega solo a la de saneamiento”.

En el último tiempo, los campesinos han hecho tres bloqueos exigiendo la destitución del director del INRA, “presionando para que les entreguen la propiedad de estas tierras fiscales no disponibles, que en el caso de Guarayos tienen más de dos millones de hectáreas, es una reserva forestal desde 1969. Esa es su lucha”.

El siguiente paso, tras el saneamiento, según la experta, fue cambiar el uso de suelo, “lo que ha causado daños irreversibles al monte y a la biodiversidad”.

Otra ley amplió la superficie de las pequeñas propiedades que sí están permitidas en la reserva de 50 a 500 hectáreas. “De ese modo, los grandes propietarios que ya tenían algún proceso de saneamiento, se van acomodando”, dijo.

El resto de la superficie es la base del conflicto y ahí surge el relato de los campesinos, de que esas tierras entregadas a menonitas o extranjeros deben ser redistribuidas a ellos.

Antes y después

Por este motivo, el enfrentamiento que tuvo lugar el jueves pasado es el principio “de una reacción que puede derivar, a la larga, en un terrible enfrentamiento”, sostuvo la investigadora Tejada.

Los gobiernos municipales sí otorgaron resoluciones de asentamiento a comunidades en muchos casos inexistentes y fantasmas. “Decidían entrar a un lugar, armaban un pahuichi con rótulo de sede, le ponían nombre a la comunidad, obtuvieron de los municipios la resolución de reconocimiento, para iniciar el trámite de personalidad jurídica, dos requisitos imprescindibles para el INRA”.

Como ejemplo, en 2020 y 2021 el Gobierno Municipal de Ascensión emitió 22 resoluciones para que estas comunidades se legalicen.

De hecho, los campesinos se dividieron con los interculturales, hoy están enfrentados.

El 1 de agosto, los campesinos arribaron a La Paz después de 29 días de caminata desde Santa Cruz, su objetivo era reunirse con el presidente y presentarle su pliego de cuatro puntos, pero nunca hubo un encuentro con el jefe de Estado.

Demandan la modificación del Decreto 29215, que reglamenta la Ley INRA e incorpora la preeminencia de la función social sobre la económica, una conquista de los pueblos indígenas, basada en la convivencia con el bosque; planificación y elaboración de una nueva Ley de Tierras; análisis de tierras fiscales no disponibles y anulación de concesiones forestales, eran las demandas de los marchistas.

Todas ellas, según la analista, van en contra de la lucha de décadas de los pueblos indígenas.

El 1 de agosto, cuando la marcha llegaba a La Paz, el otro grupo que permaneció en Santa Cruz inició el bloqueo de caminos.

El conflicto se agravó el jueves cuando hubo enfrentamientos entre pobladores y campesinos, lo que provocó un herido grave que fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra.

El pueblo guarayo, encabezado por su presidenta Cirila Tapendaba, convocó a sus siete centrales. Allí se analizó un convenio de unidad firmado con la Única, “este documento buscaba un espacio de coordinación en toda la provincia. Los campesinos rompieron ese acuerdo”.

De esa reunión también salió como resolución rechazar el pliego petitorio de los campesinos, porque rompía un acuerdo de coordinación que tenían.

“Lo del jueves sienta un precedente fundacional, es la retoma de la inciativa política estratégica de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos (Copnag), que le dice al Gobierno y a campesinos que no permitirán que afecten su forma de vida y sus derechos”.

El riesgo es que se han acumulado los conflictos entre campesinos e indígenas aglutinados en la Copnag, “no es un conflicto político, viene de atrás, esto obedece a una red de corrupción, de tráfico de tierras en círculos de poder, en los gobiernos municipales. Cuando se lleva esto a la coyuntura política, de enfrentamiento entre masistas y pititas, se minimiza el fondo y ellos quedan protegidos en ese relato”, dijo la analista.

Al desbloqueo se sumaron la Asociación Forestal Indígena, la de los madereros, la Fejuve, los gremiales, los motoqueros, los transportistas, lo que puede llevar a pensar que este conflicto puede tomar otras dimensiones. “Se ha roto el nomeimportismo, se ha roto la falta de acción, y la convocatoria de la Copnag se ha visto fortalecida”, apuntó Tejada.

Aquí aparece otro elemento. En cuatro pronunciamientos, emitidos por distintas instancias de la Copnag, aparece la defensa de medio ambiente y bosque, pero también del agua. “¿Por qué?, se preguntará. Ascención de Guarayos, se provee agua del río Sapocó. Este recurso fue intervenido por los campesinos y este año ya el nivel del agua bajó en junio, lo que nunca había ocurrido. El tema del agua está sensibilizando mucho”.

Ya se hizo un diagnóstico e inspecciones a esos recursos.

La alcaldesa de la segunda sección de Urubichá, Carmen Aida Aguilera, ratificó que los avasallamientos generan un desequilibrio en el medioambiente.

“Primero, las tierras son para los guarayos, atrás vienen hijos y nietos. Mi municipio tiene la mayor reserva forestal, Río Blanco y Río Negro, 1.4 millones de hectáreas, pero a ellos no les importa y en una noche desmontan. Acabaron con las tierras de Ascensión, donde ya no hay espacio para nadie y ahora le brincan a Urubichá, y eso no vamos a permitirlo”.

Volvió al tema de la depredación. “Nosotros bebemos el agua de la laguna La Madre. Interculturales ingresaron y nos hicieron puentes, nos taparon los cursos de los cuerpos de agua y nos quitan el recurso, lo contaminan. Afecta a los peces. Eso no lo podemos permitir, nuestra calidad de vida está afectada”, manifestó.

La alcaldesa admitió, sin embargo, que los indígenas están divididos. Hay centrales comunales paralelas en cada comunidad. “Así han comenzado a traficar tierras. Nuestra gente lamentablemente ha vendido tierras a los interculturales y a la Única, que son avasalladores. “Eso nos ha desunido familias, hermanos en bandos contrarios”.

Respuesta

El dirigente de la Única, Ruddy Vaca, aseguró que bajo ningún punto de vista ellos son avasalladores, y denunció que los interculturales sí lo son.

“El agua no es un problema, pero los programas como Mi agua, del Gobierno, favorecen a los interculturales, ni a campesinos ni a indígenas, está claro que nos quieren dividir”, aseguró.

Desmintió que los campesinos busquen obtener nuevas tierras, “nosotros simplemente queremos obtener los títulos de propiedad de las que ya tenemos”.

Niega que sean comunidades nuevas “la mía de hecho tiene 48 años. La mayoría de los campesinos tienen personería jurídica desde la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, y pese a los 14 años de gobierno de Evo Morales, a quien apoyamos, nunca recibimos títulos. Ahora Luis Arce dice lo mismo, esa es nuestra rabia y nuestra bronca”. Aseguró que les tienen bronca porque no son serviles al Gobierno, y que son guarayos, nativos.

A nosotros no nos dan títulos, “pero al lado, los menonitas y brasileños tienen títulos. No somos avasalladores”. Reiteró que los interculturales sí son avasalladores, y tienen protección oficial.