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El país vivió el 2019 una de las crisis ambientales más destructivas de los últimos tiempos. El fuego que, surgía como hongos, arrasó con más de 5,3 millones de hectáreas (cifras oficiales) de bosques y pastizales en todo el territorio nacional, hiriendo de muerte a los pulmones ecológicos y llevándose a su paso vidas humanas.

En lo que va del año ya se han quemado más de 140.000 hectáreas en todo el país y para evitar un desastre mayor las autoridades aprobaron un protocolo para el manejo de incendios, mientras que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) suspendió los permisos de quemas en los departamentos de Santa Cruz y Beni, por lo que ahora en estas regiones nadie puede prender fuego, bajo pena de que se inicien procesos y se sancione a los infractores.

Sin embargo, ambientalistas y entendidos en el tema creen que el problema de los incendios forestales no se irá mientras sigan vigentes algunas normativas nacionales que perdonan las quemas y desmontes, y flexibilizan las condiciones para que este proceso continúe.

Gonzalo Colque, director nacional de la Fundación Tierra; Eliana Torrico, de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida; y la ingeniera ambiental Sandra Quiroga, coinciden en que en los últimos siete años, desde el Gobierno, se impulsó un paquete de normas para la ampliación de la frontera agrícola  no precisamente para alimentos, que tuvieron como consecuencia la activación del fuego, entre ellas: la Ley 337 de
“perdonazo a los desmontes ilegales”, la Ley 741 de ampliación de desmontes de 5 a 20 hectáreas sin mayores trámites ni requisitos, la Ley 1098 de ampliación de la frontera agrícola para el etanol y el Decreto 3973 de autorización de desmonte y quema en las tierras de producción forestal permanente en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

Los entendidos apuntan especialmente a La Ley 741, vigente desde el 2015 como la causante de incremento de las quemas en el país y al Decreto 3973, aprobado en julio de 2019, como unos de los factores para el desastre del año pasado en la Chiquitania. De hecho, los datos oficiales muestran que en Santa Cruz las quemas pasaron de 15.213 en 2015 a 32.888 en 2016, es decir, en un año esta actividad se duplicó, precisamente después de la promulgación de la Ley 741.

“Estas normas no sufrieron modificaciones. La autorización sin mayor trámite de hasta 20 hectáreas afectó en muchas zonas, especialmente en San Ignacio de Velasco y Concepción. No es el único factor porque también hay que ver el conjunto de autorizaciones legales para desmontes de la ABT que superan las 200 mil hectáreas por año en el último quinquenio.

De igual forma el Decreto 3973, fue una causal más, entre varias otras, como las políticas del gobierno anterior de exportación de carne vacuna a China y de ampliación de la producción de soya, para que se dé una especie de incentivos que se tradujeron en los incendios de 2019”, asegura el director de la Fundación Tierra.

La activista Torrico señala que “en la última década se han
aprobado como diez normas en el marco de un programa –impulsado por el gobierno anterior y que, de alguna forma, tiene continuidad en el gobierno actual-, que promueve el desarrollo económico de actividades extractivas en el país, con la ampliación de la frontera agrícolas y los desmontes, lo que se traduce en desforestación.

Para Torrico “lo lamentable es que estas normas contravienen la Constitución Política del Estado”, además de los tratados internacionales de protección de los ecosistemas. Por su lado, Quiroga cree que, para un mejor control del fuego, el Estado debería revisar estas normas, aplicar sanciones a quienes incurran en quemas ilegales e implementar nuevas tecnologías
para la limpieza de los predios. 

Un mejor panorama
El director de la ABT, Víctor Hugo Áñez, asegura que este año las condiciones son distintas a las del año pasado y a la de gestiones anteriores porque esa instancia emitió oportunamente (el 3 de agosto) una pausa temporal de autorizaciones para quemas, incluso controladas, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, lo que deja en suspenso el Decreto 3973 mientras dure la temporada crítica de quemas.

Además, afirma que la ABT no ha otorgado derechos propietarios en tierras que no tienen vocación productiva, como se lo venía haciendo hasta el año pasado. También ahora se cuenta con un protocolo para la atención de incendios, que se está implementando de forma coordinada los tres niveles de Gobierno, instituciones y voluntarios trabajan de forma coordinada y se ha reforzado la vigilancia a las quemas.

Todo esto, según Áñez, pone en un mejor escenario al país en la prevención de incendios forestales. Áñez agrega que, con la aprobación de la pausa administrativa, los focos de calor disminuyeron en un 65% y hace notar que la mayoría de los incendios registrados hasta ahora se generaron en los
países vecinos de Brasil y Parguay, afectando principalmente pastizales y no así áreas boscosas.

La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asin, también destaca que existe una mayor coordinación entre los tres niveles de Gobierno, lo que permite un trabajo conjunto en la atención del fuego, además que existe un protoco.

Dicho protocolo establece las líneas de coordinación, las prioridades, las reglas generales para la intervención de los incendios y el desarrollo operativo de cada uno de los actores.