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La directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, indicó que las investigaciones que se realizan sobre la denuncia de sobreprecio en la compra de los predios para el vertedero en la comunidad San Miguel de los Junos, les permitió recibir un informe de la Contraloría, donde señalan que hubo un daño económico de 8 millones de dólares

"El Relleno Sanitario fue comprado por 10 millones de dólares, las 200 hectáreas, pero la Contraloría nos remitió un informe en el cual indica, precisa y recomienda al señor alcalde que inicie acciones a los funcionarios públicos que participaron de la expropiación y de la compra del predio", señaló.

Entre las observaciones del informe de Contraloría, detallan que un primer avalúo se tomó como precio referencial de 1 dólar por metro cuadrado, pero tres meses después se realizó un segundo avalúo, donde hubo una diferencia en el precio, dejando a 5 dólares por metro cuadrado. 

"El precio catastral de los predios es de 261 mil bolivianos, esto no lo digo yo, lo dice la Contraloría; sin embargo, este negocio irregular se consolida por el precio de 10 millones de dólares. Es decir, se lo realiza sobre el precio comercial y no sobre el precio catastral", manifestó Pedraza.

Detalló que el precio catastral debe ser una referencia para que los administradores de los bienes y recursos del municipio puedan negociar en base a ello y no así por el valor comercial.

"El proyecto no tenía un fin comercial, ese proyecto tenía un fin y una necesidad de utilidad pública. Pero se permitió una segunda negociación y un segundo avalúo con un sobreprecio abismal al primer avalúo, teniendo como daño de más de 8 millones de dólares. Repito, no lo digo yo, lo dicen y lo refrendan en el informe de la Contraloría", sostuvo la directora de Transparencia.

Señaló que el municipio pagó directo al propietario del terreno que era un fundo rústico, es decir, no eran predios urbanizados. "Si los terrenos estaban en un área urbanizada el valor tenía que ser otro", aclaró

Pedraza agregó que desde octubre del año pasado, la dirección de la que está a cargo presentó la denuncia por la compra con sobreprecio de los predios de un fundo rústico para el relleno sanitario o vertedero municipal.

"Investigamos y recabamos mayores elementos de la dirección de Expropiaciones y de otras reparticiones, es así que tenemos evidencias y los indicios, tales como como el avalúo que se realizó para la expropiación del vertedero. Se constata que hubo una variación en tres meses entre 1 a 5 dólares", dijo.

Detalló que se realizó más de un peritaje además del informe de la Contraloría, y debido al dictamen arrojado a la fecha, instruye que se inicien acciones en contra de todos aquellos que participaron de esta compra.

 "Esto es parte de una ley de necesidad de utilidad pública, si nosotros nos remontamos a ello, tenemos que decir que esto alcanza también a los exconcejales, porque  fueron quienes aprobaron la ley. Ellos también deben ser convocados a declarar por este caso", explicó.

En 2019 el alcalde Jhonny Fernández fungía como concejal, empero, Pedraza aseguró que dentro de los antecedentes constan documentos donde supuestamente Fernández denuncia las irregularidades.

"Esta denuncia fue accionada en octubre, el alcalde ya lo había denunciado, hay respaldo de ello. Es más, no formó parte de los concejales que aprobaron esa ley, fue opositor", sostuvo.

Señaló que de acuerdo a comunicación entre los concejales que aprobaron la compra del terreno estaba Franz Sucre y la exalcaldesa Angélica Sosa entre otros. 

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