Tras semanas de reclamos, el Gobierno declara desastre nacional por incendios
Ante la magnitud de los incendios forestales y la creciente presión, el Gobierno oficializó la declaratoria de desastre nacional, que facilita la llegada de ayuda internacional.
El presidente Luis Arce declaró oficialmente desastre nacional debido a los incendios forestales que han devastado el oriente boliviano. Esta decisión llega tras semanas de solicitudes por parte de autoridades locales, organizaciones y la población, que pedían una mayor intervención para enfrentar la emergencia ambiental que ya ha consumido más de 7 millones de hectáreas de bosque solo en Santa Cruz.
Durante una reunión con el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, y otras autoridades departamentales y municipales, Arce firmó el Decreto Supremo 5235, que formaliza la declaratoria de desastre nacional.
"Hemos aprobado este decreto 5235, que es el de declaratoria de desastres nacionales, para que podamos activar todo lo que esté en nuestras manos para poder enfrentar estos incendios que nos viene preocupando, no ahora, sino hace tres meses", afirmó el presidente.
A su llegada a Santa Cruz, Arce fue recibido por Aguilera, quien, a inicios de septiembre, ya había declarado el desastre a nivel departamental. La presión aumentó en las últimas semanas, con sectores sociales y políticos exigiendo la declaratoria nacional para agilizar la llegada de ayuda internacional y optimizar los recursos de combate contra el fuego.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, fue la encargada de leer el decreto, que establece medidas inmediatas para mitigar el desastre. "Las autoridades nacionales y territoriales trabajarán de manera conjunta para proteger el medioambiente y garantizar la seguridad de las personas afectadas", explicó.
El presidente resaltó que, aunque la declaratoria permitirá movilizar más recursos, el Gobierno ya había gestionado créditos internacionales para enfrentar la situación. Sin embargo, mencionó que estos recursos están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, e instó a los legisladores a acelerar el proceso.
