Tribunal Constitucional admite recurso del alcalde cruceño contra la Ley de Contratos

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el alcalde Jhonny Fernández, dentro de una pugna que mantiene con el Concejo por la modificación de la Ley de Fiscalización de Contratos y Convenios Municipales. La Comisión de Admisión dispuso también otorgar medidas cautelares que dejan en suspenso la aplicación de esta normativa mientras el órgano constitucional no se pronuncie con una sentencia de fondo.

En su recurso Fernández pidió que se declare la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley autonómica municipal, relacionados a contratos y convenios municipales por ser, presuntamente, contrarios a la Constitución.

La modificación a la Ley de Fiscalización de Contratos Municipales, que fue aprobada en septiembre de 2021, en principio establecía que el Concejo podía fiscalizar contratos cuando estos contemplaran montos superiores Bs 1 millón; sin embargo, según legisladores de la oposición, el alcalde lo rechazó y pretendía que el control fuera a partir de Bs 70 millones, aunque finalmente los concejales aprobaron la cuantía igual o superior a Bs 30 millones.

Después de idas y venidas entre el Legislativo y el Ejecutivo, la norma finalmente fue promulgada por el presidente del Concejo, Israel Alcocer, el pasado 13 de mayo. Y, aunque algunos concejales de oposición quisieron modificar nuevamente la cuantía de los contratos a fiscalizar -para que volviera al monto inicial de Bs 1 millón- el 19 de julio la propuesta fue rechazada por falta de un voto en el legislativo municipal cruceño.

En la resolución de la Comisión de Admisión, el TCP admite el recurso presentado por Fernández y pone en conocimiento del Concejo para que, en un plazo de 15 días, presente sus alegatos sobre la norma impugnada.

El TCP declaró ha lugar la solicitud de medida cautelar determinando el suspenso de la aplicación de la Ley Autonómica Municipal de 13 de mayo de 2022, ley que modifica la norma vigente desde 2014.

La resolución constitucional es del 28 de julio de 2022 y fue notificada recientemente a las partes.

Las reacciones

Para la concejala Lola Terrazas esta es una “artimaña” del burgomaestre, que no quiere que los contratos del Municipio sean fiscalizados.

“Es una jugada del alcalde porque, desde que entró en vigencia la ley, no aprobó ni ejecutó ningún contrato igual o mayor a Bs 30 millones. Quiere decir: para evitar que pase por el Concejo Municipal”, indicó la también vicepresidenta del Legislativo municipal cruceño.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Medrano cuestionó la decisión del TCP de dejar en suspenso la aplicación de la ley de contratos, acción que calificó como prevaricato e inconstitucional.

“No se puede, con una simple resolución, suspender los efectos de ninguna ley. Esto más parecería ser un regalo del MAS al apoyo que (le) ha dado la Alcaldía en este paro cívico. En realidad, la única que puede suspender una ley es una sentencia constitucional. Esto que ha pasado es algo inaudito y claramente va en contra de lo que establecen las normas constitucionales vigentes”, manifestó Medrano.

Para su colega Manuel Saavedra es un enigma por qué el alcalde, que fungió como concejal en la gestión pasada, se opone a la fiscalización en el Legislativo municipal.

“El alcalde quiere seguir haciendo las cosas como las hacía Angélica Sosa, por debajo de la mesa; no quiere transparencia y está en el mismo tren que la señora”, indicó Saavedra, que manifestó que seguirá cumpliendo su rol de fiscalizador.

Por su lado, tanto Medrano como Terrazas demuestran su desconfianza hacia la Comisión de Constitución del Concejo. Ambos explican que la Comisión de Constitución, junto a los asesores, son los llamados a trabajar los argumentos de la impugnación del Concejo. Sin embargo, por separado, ambos concejales anunciaron que presentarán una resolución y una justificación constitucional de la ley, a través del pleno.

“No puedo confiarme en el trabajo de la comisión o en el papel de cada concejal”, manifestó Terrazas e hizo referencia a que, dentro de la correspondencia no fue leída la notificación del TCP con respecto a esta norma. Según dijo, el presidente del Concejo, Israel Alcócer, habría indicado que esa nota llegó el jueves a última hora de la tarde, por lo que no pudo ser incluida en la sesión del viernes por la mañana.

Los concejales Terrazas y Medrano mostraron su preocupación porque creen que el TCP puede hacer ‘dormir’ la ley por varios años.

“Es una artimaña que se está usando para evitar que el Concejo fiscalice antes de la firma del contrato”, afirmó Terrazas.

La Comisión de Constitución está a cargo de toda la parte doctrinal y jurídica del órgano legislativo, explica Medrano, y apunta a esta como la responsable de realizar una resolución y  presentarla al pleno del Concejo; o, en su defecto, podría hacerlo la presidencia del Concejo; “pero, en vista de que ambas están tomadas por la UCS y no lo van a hacer, no lo han hecho el día de hoy (viernes), Vamos a presentar como iniciativa desde la bancada de oposición, una resolución para que podamos seguir los procedimientos y no se pierda la vigencia de esta ley”, señaló.

Medrano enumera los contratos que el Ejecutivo debe adjudicar próximamente: el de $us 330 millones de recojo de la basura, los de los puentes a desnivel y los de drenaje y pavimentación.

“(El Gobierno) Le está devolviendo el favor al alcalde usando el aparato judicial, usando el poder que tiene y la manipulación que tiene el MAS sobre los poderes del Estado, los está usando para hacerle el favor al alcalde de que disponga de la plata, como le dé la gana, sin ninguna fiscalización previa. Vergonzoso el actuar de la Sala Constitucional”, afirmó Medrano.

EL DEBER se comunicó con el concejal José Quiroz (MAS), para conocer su opinión sobre el tema pero no atendió las llamadas.

Mientras que el concejal presidente, Israel Alcócer, indicó que fueron notificados por el TCP el pasado jueves y que disponen de un plazo de 15 días para apersonarse y presentar su informe.

“Somos conscientes que el TCP tiene sus propios mecanismos y plazos para emitir un fallo definitivo y como lo dijimos siempre, seremos respetuosos de la ley”, manifestó sobre la medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley de Contratos mientras el TCP analiza su constitucionalidad.

Además señaló que el Concejo y los concejales cuentan con sus propios mecanismos de fiscalización: “Tenemos el Reglamento General del Concejo Municipal de Santa Cruz (Ley 012/2014) y la Ley 11/2014 de Fiscalización que nos permite fiscalizar por medio de las peticiones de informes escritos, Peticiones de informe Orales, Inspecciones y minutas de comunicación de todas las actividades, acciones y contratos del Ejecutivo Municipal. En este sentido, los concejales tenemos todos los mecanismos de fiscalización para realizar nuestro trabajo conforme a ley”, afirmó Alcócer.