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El Tribunal de Sentencia del juez Sixto Fernández, de oficio modificó las audiencias del juicio por terrorismo por tres semanas al mes y una de descanso, con el argumento de agilizar el proceso y dictar sentencia hasta diciembre, lo que generó protestas en la defensa y en los procesados.
La decisión surgió luego de que los fiscales acusadores retiraran la prueba de lecturas de extractos de teléfonos que se venían leyendo durante siete meses. Argumentaron que esas pruebas no son de importancia por tratarse de extractos telefónicos de los procesados rebeldes. 

El abogado defensor Gary Prado aseguró que, cuando se leyó un tercio de la prueba de extractos en siete meses, de un rato a otro la Fiscalía los retira haciendo perder tiempo. Para Gary Prado, la medida de trabajar tres semanas al mes obedece a una reprimenda del Gobierno para acelerar el juicio, pues  los jueces y fiscales se reunieron con el Ministerio de Justicia. 

Gary Prado aseguró que el Gobierno necesita una sentencia hasta diciembre a raíz del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió una denuncia en su contra por supuestas ejecuciones extrajudiciales. 

"Quieren aliviar el fallo de la CIDH sacrificando y vulnerando los derechos de los acusados y la defensa", dijo Prado. Asimismo expresó que los favorecidos serán los jueces y fiscales que recibirán viáticos todo el mes haciendo prevalecer el interés económico. 

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