Un caso de extrema gravedad ha sacudido a las autoridades y la sociedad, luego de que una niña de 14 años denunciara haber sido víctima de abuso sexual durante varios años, presuntamente a manos de su propio padre y otro familiar. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas y un informe psicológico, los acusados enfrentan el proceso en libertad, generando preocupación por la seguridad de la menor y su madre.
La investigación, llevada adelante por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), precisamente, ha reunido peritajes psicológicos, informes forenses y testimonios que corroboran el testimonio de la víctima. Sin embargo, tras las audiencias cautelares, los imputados fueron beneficiados con medidas sustitutivas, como la firma de un libro de control y arraigo, en lugar de la detención preventiva, según constató EL DEBER.
La madre de la niña, quien descubrió la situación a finales de 2023 tras encontrar cartas escritas por su hija, ha iniciado dos procesos judiciales para lograr justicia. “Es una batalla dura, en medio del dolor y el sufrimiento”, expresó. La menor ha recibido apoyo de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y otros organismos de protección infantil, pero el riesgo persiste mientras los acusados permanecen en libertad desde hace más de un año. Solo fueron aprehendidos por unas horas y se beneficiaron con medidas sustitutivas.
A partir de las declaraciones, la víctima se sabe que los abusos pudieron comenzar cuando ella tenía tan solo cuatro años cuando visitaba a su padre. Los padres de la niña se habían divorciado y ella realizaba visitas periódicas a su progenitor. La declaración, además de las cartas y otras pruebas de orden psicológico dan cuenta de la gravedad del hecho.
“Me tapaba la boca, me botaban a la cama. Era mi padre con el hermano de mi tía de 22 años. Cuando yo gritaba me tapaban la boca”, se lee en una parte de la declaración de la víctima. El agresor es auditor y tras la denuncia de la víctima amenazó con tomar represalias. La madre afectada, en contacto con este rotativo, lamentó que la justicia no le haya provisto de la seguridad y menos se haya preocupado, según dijo, en hallar algún mecanismo de reparación.
El informe psicológico concluye que la víctima presenta indicadores emocionales vinculados con un trastorno de personalidad sensible, ansiedad, tristeza, situación agobiante, temores, inseguridad y deseo de protección.
La investigación acumula estudios, peritajes psicológicos, los informes obtenidos tras los estudios de Cámara Gesell, además de informes del Instituto de Investigaciones, Técnicos Científicos de la Universidad Policial (IITCUP) y otros que acreditan la gravedad de las agresiones sexuales.
La madre reveló, entre lágrimas grimas, que tiene dos juicios, uno contra el padre y el otro abusador, el pariente que pudo participar de las agresiones contra su hija.
“Buscamos justicia; estamos en una batalla muy dura, en medio del dolor, sufrimiento”, insistió. La niña tiene 13 años a la fecha. los agresores están libres. La madre de la víctima exteriorizó varias veces el hay temor de encontrarse con los acusados. Teme represalias. Además, ambos están pidiendo a la justicia ser liberados de las acusaciones en su contra.
El auditor llegó incluso a asegurar que su hija tendría problemas mentales cuando comenzó a desvelar el sufrimiento al que estaba siendo sometida a través de cartas; esas misivas que se descubrieron justo antes de la Navidad de 2023.
Expertos en derechos humanos y representantes de organizaciones de protección a la infancia han manifestado su preocupación por la decisión judicial. “Es fundamental que en casos de esta magnitud se priorice la seguridad de la víctima y se aplique la detención preventiva para evitar cualquier tipo de revictimización”, señaló un especialista en derecho penal que participó en las pericias
El caso ha reabierto el debate sobre las falencias del sistema judicial en la protección de menores y la necesidad de garantizar que los procesos se lleven adelante con un enfoque de protección a las víctimas. Mientras tanto, la niña y su madre continúan luchando por justicia, con la esperanza de que el sistema legal actúe con la severidad que el caso amerita.
La Defensoría del Pueblo emitió en 2024 una serie de recomendaciones al Estado en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal, demanda a todos los niveles del Estado “definir políticas públicas e incrementar presupuestos” para prevenir la violencia sexual, así como los embarazos adolescentes.
También se emitieron recomendaciones respecto a la protección contra la explotación infantil y superar las diferentes falencias en los centros de acogimiento donde llegan los niños que hayan sufrido violencia.
En ese reporte internacional al se realizaron recomendaciones realizadas al Estado “sobre algunas de las áreas en las que ha realizado informes defensoriales y detectado retrasos, vacíos o falta de armonización con los estándares internacionales sobre derechos humanos (DDHH)”.