El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, explicó este miércoles que hay dos alternativas para aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado y evitar que los municipios, las universidades y otros beneficiarios no reciban los recursos que les corresponden para cerrar esta gestión.

En una entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, Fernández señaló que la primera alternativa es sacar los artículos adicionales del proyecto de ley que fueron rechazados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Estos artículos otorgarían facultades a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para investigar a las empresas sin una denuncia previa.

"Estamos trabajando con las asociaciones de municipios para presentar este nuevo proyecto de ley que elimine las disposiciones adicionales y que permita la aprobación del reformulado", dijo Fernández, a tiempo de anunciar que en horas de la tarde los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país sostendrán una reunión para abordar este tema.

La segunda alternativa, dijo el alcalde, es aprobar un decreto supremo por parte del Poder Ejecutivo que disponga el traspaso de los recursos a los municipios.

“Esperemos que en las próximas horas nos contesten y nos digan si vamos a ir por la vía administrativa o si hay un consenso político de sacar esos artículos de la polémica que existen en este momento y nos vamos directamente al Parlamento, a la Asamblea, a proponer un nuevo proyecto reformulado del reformulado 2023. Son las dos vías que se tienen, pero cualquiera de las dos tiene que ir, porque si no, sería un gran perjuicio para los bolivianos”, sostuvo Fernández.

El martes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que no existe la posibilidad de aprobar el presupuesto adicional por decreto supremo porque no hay un amparo jurídico que respalde esta medida.

El contexto

La madrugada del martes, la Asamblea Legislativa — en sus dos cámaras: Diputados y Senadores— rechazó el Presupuesto General del Estado Reformulado 2023.

En total, 124 diputados y 33 senadores participaron de la sesión: 92 votaron en contra, 62 votos a favor y hubo tres votos nulos, haciendo un total de 157 votos.

El presupuesto adicional para la administración estatal prevé Bs 5.421 millones, de ese monto Bs 868 millones son para los municipios, Bs 353 millones para las universidades y Bs 39 millones para las nueve gobernaciones del país. Esto implica solo el 13% para las regiones.

De no aprobarse en los próximos días, Fernández advirtió graves perjuicios para los municipios de Bolivia, ya que los recursos adicionales previstos son fundamentales para el desarrollo de obras, el pago de planillas y el cumplimiento de compromisos.

"Ya estamos entrando al 20 de noviembre, cuando estos recursos ya estaban disponibles a partir de octubre el año pasado, el anteaño pasado también en octubre. Pero ahora mire, tenemos que pagar las planillas de obra y no tenemos cómo”, lamentó Fernández.

Vea la entrevista completa en EL DEBER Radio: