El grupo de organizaciones ligadas a la temática manifestó su preocupación por la gravedad de la situación actual, mientras que los parlamentarios de oposición se unen a los reclamos. Los legisladores oficialistas guardan silencio

27 de marzo de 2021, 22:40 PM
27 de marzo de 2021, 22:40 PM

"Siempre ha ocurrido este problema, con la complicidad de autoridades y traficantes de tierras. Venimos denunciando desde hace más de 15 años, pero lo que ocurre a partir del nuevo Gobierno es notablemente una permisividad para que esto ocurra. Fue una movilización muy rápida y se ven los conflictos con las elecciones subnacionales en la región. Necesitamos poner freno a esto", dijo Roberto Vides, representante de la Fundación Bosque Seco Chiquitano (FBSC), una de las más de 20 instituciones firmantes del pronunciamiento emitido por la Mesa Permanente por los Bosques, que se conformó en la época de los incendios de 2019.

Los avasallamientos y los incendios, su consecuencia, están entre las inquietudes de la institucionalidad ambientalista organizada.

El documento recién publicado evidenció avasallamientos en los municipios Carmen Rivero Torrez, Roboré, San José de Chiquitos y la Autonomía Guaraní Iyambae Charagua, en los parques nacionales Otuquis, Ñembi Guasu y Tucabaca y en las provincias Velasco y Guarayos, obra de grupos organizados con fines de asentamiento en áreas no aptas para la agricultura, y que además están protegidas por la CPE.

En el documento, las instituciones firmantes cuestionan la velocidad de los avasallamientos, profundizando la problemática de los incendios, tal como se dieron en 2019 y 2020 y la degradación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), por la expulsión de personal técnico.

Entre las conclusiones, la Mesa hace un llamado a las autoridades de todos los niveles a coordinar para detener los avasallamientos que especialmente afectan a la zona chiquitana y chaqueña.

En segundo lugar, se convoca a organizaciones indígenas, campesinas e interculturales a una gran reunión para construir una agenda de reivindicación y en defensa del medioambiente, con todos los actores sociales.

Por último, los ambientalistas organizados rechazan cualquier presión o demanda de renuncia de autoridades elegidas de forma legal y llamadas a sentar autoridad en bosques librados a su suerte, por la corrupción y el manejo político/partidario.