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Después de estar cerca de un mes preso, con detención preventiva, Hebert Sixto Canaza Sacaca buscará su libertad este jueves en una audiencia de apelación fijada para las 10:10 en la Sala Penal Segunda del Palacio de Justicia. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz está alerta y espera que no sea liberado.

Canaza fue imputado por varios delitos penales por la comisión de fiscales, luego de ser identificado como uno de los integrantes de un grupo armado de encapuchados que el pasado 28 de octubre atacó, secuestró y torturó a policías, periodistas y civiles en el predio de Las Londras, en la provincia cruceña de Guarayos.

La Fiscalía imputó al acusado por los supuestos delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, robo agravado, porte de armas de fuego, privación de libertad y amenazas. Fue enviado a prisión con detención preventiva el pasado 25 de noviembre.

Sobre la acción jurídica que planteará la defensa de Canaza, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, afirmó a EL DEBER  que el gremio espera que la justicia no libere al único detenido por este caso.

“A nombre de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz les decimos que no lo pueden dejar en libertad (a Canaza Sacaca) por el peligro que representa para la sociedad y por sus antecedentes”, afirmó Méndez.

El periodista agregó que Canaza también está involucrado en otros hechos delictivos relacionados con avasallamientos de tierras en la zona de la Chiquitanía, en base a documentación que presentará a las autoridades para aumentar las pruebas contra el acusado y otras personas que están implicadas, pero que la justicia no logra detener.

 Canaza es un dirigente campesino afín al Movimiento al Socialismo (MAS) y fue una de las personas que lideró un bloqueo en San Julián para exigir al Gobierno nacional la posesión de predios privados en la provincia Guarayos, donde secuestraron a 17 personas.

Por este caso, existen seis mandamientos de aprehensión; sin embargo, hasta la fecha no se ejecutan y las autoridades judiciales y del Gobierno nacional tampoco actúan con celeridad como en otras oportunidades.

Por si fuera poco, la comisión de fiscales de este caso, Roberto Ruiz, Delmy Guzmán y Wálter Cisneros emitió una conminatoria acusando al Notario de Fe Pública de San Julián, Raúl Axel León Rodríguez, de negarse a informar sobre las identidades de quienes registraron un acta suscrita bajo presión por los secuestrados en esa oficina luego de las agresiones sufridas en Las Londras.

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