Vecinos del Urubó denuncian vertido de coliformes fecales al río Piraí

“Hace 14 años que se suscita un inconveniente. Un vecino se dio cuenta de que nuestras hermosas lagunas de recreación comenzaron a oler mal y a tener sedimentos sospechosos. Hizo seguimiento y se encontró con un drama extraordinariamente grave, sucede que existe una contaminación altísima de las aguas residuales”, explicó en el programa Dinero 360  de EL DEBER Radio, Enrique Fernández, habitante de la zona del Urubó, sobre una toma de muestras realizada de manera informal por Rolf  Wachholtz, copropietario en Colinas del Urubó 2.

Según Fernández, la Empresa de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico (EPSAS) que maneja esta zona “bota las aguas residuales al río Piraí, y cuando no lo hace, los residuos van a nuestras lagunas. Este drama es cada vez mayor y hemos informado sobre esto a la directiva de Colinas del Urubó 2, al alcalde de Porongo, Neptalí Mendoza, a quien en sus propias manos entregamos los alarmantes resultados de laboratorio y estamos más preocupados porque nadie hizo algo hasta la fecha”, denunció.

​Río Piraí

Rolf Wachholtz aludió a la EPSA ) Asociación Civil de Agua y Alcantarillado “Aguas de Colinas del Urubó” y aseguró que esa entidad no da solución a los reclamos.

“Contesta, pero no se responsabiliza, y hablo de que estamos hace 15 años en eso, se ve poca capacidad en la  Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), que debería controlar a las proveedoras de agua potable y saneamiento. En Santa Cruz solo hay tres personas de esa oficina que no tienen capacidad para actuar, dicen que uno tiene que arreglarse con el infractor”, criticó.

Wachholtz informó que con la Gobernación sí han tenido conversaciones, también a nivel municipal con Porongo, pero apuntó a que todo es muy lento, que no hay recursos y a que no ven el problema grande de la contaminación del acuífero.

“Son varios años con la contaminación y no hay multas ni cárcel, a diferencia de cuando un micro atropella un perro y el responsable va preso, esa EPSA tiene que sacar licencia porque así no se puede trabajar”, apuntó.

Sobre el área de operaciones de esa EPSA, dijo que tiene la concesión de Urubó Open Mall, Colinas del Urubó, Radisson, y Urubó Business Center.

El habitante del condominio Colinas del Urubó 2 aseguró que algunos copropietarios tienen sus casas al lado de esas “cloacas”, y que ya se dieron cuenta del problema. “Incluso pararon la construcción de una laguna de oxidación dentro del condominio, porque eso sobrepasó el límite”, afirmó.

También en Dinero 360, Mario Foianini, representante de la EPSA aludida, en su contraparte argumentó que desmentiría categóricamente que se estén echando aguas residuales al Piraí.

Explicó que como desarrolladores urbanísticos tienen  habitantes en esa zona desde 1999, y que a Saguapac no le interesaba hacer inversiones al otro lado del río, “y lo asumimos nosotros”, indicó.

“Con el transcurso del tiempo cambió la normativa vigente porque también se modificó la CPE, que es la ley madre, y a partir de 2009 el agua empezó a ser un derecho humano”, dijo.

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Planta de tratamiento de aguas residuales de la zona

Si bien tenían conformada la primera empresa como Colinas del Urubó, como una empresa de desarrollo urbanístico, con la posibilidad de operar servicios básicos, Foianini explicó que fueron haciendo un proceso de transición, de llevar adelante la formación de una asociación civil sin fines de lucro.

“En 2010 creamos una subsidiaria, fue en la primera época de Evo, cuando empezaba a nacionalizar todos los 1 de mayo, entonces como desarrolladores urbanísticos, nuestro negocio es vender terrenos, decidimos formar una subsidiaria por si acaso venía una nacionalización que afecte solo a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario y no afecte a nuestras autorizaciones”, argumentó.

Mario Foianini recalcó que desde el principio este proyecto nació con una ficha de impacto ambiental, lo que “desmiente” lo dicho por Fernández y Wachholtz. “Es imposible concebir que se haga una ciudad sin una ficha de impacto ambiental. Hay mucha mala información y ganas de difundir cosas que no están completamente verificadas”, dijo, y mostró documentos.

Detalló que se gestionó a través del entonces Ministerio de Medio Ambiente (hoy MMAyA) la declaratoria del impacto ambiental de toda la urbanización, y remarcó que por responsabilidad ambiental son el único proyecto con cobertura de saneamiento básico al 100% en el Urubó. “Ni siquiera Saguapac tiene eso en la ciudad”, aseguró.

El representante de la EPSA admitió que en este momento está haciendo un proceso de readecuación de la operación, de una entidad a otra, lo que es normal, “lo primero que debíamos hacer es la obtención de la licencia de operación”.

También reconoció que en 2015 tuvo, como EPSA, un proceso de investigación de la Gobernación por algunas denuncias, y que en 2018 inició un proceso de solicitud de licencia ambiental que les fue denegado porque tenía a la subsidiaria Aguas del Urubó SRL.

“Nos devolvieron el trámite porque mientras no tuviéramos la licencia de operación de la autoridad del agua, la AAPS, que depende del MMAyA, no podía darse la ficha de impacto ambiental a la operación de agua potable y saneamiento básico, pero entendemos que es un derecho humano fundamental y la cantidad de habitantes fue creciendo, así que no puede pararse la dotación de agua”, aseveró.

Luego de que en 2018 la Gobernación negara la licencia por no tener la licencia de operación de los sistemas de agua potable, Foianini obtuvo la personería jurídica de una Asociación Civil en septiembre de 2019, pero dijo que vino la pandemia, y que todos los trámites administrativos demoraron.

“En marzo de 2020 iniciamos el trámite de obtención de licencia, licencia que nos otorgó la AAPS en marzo de 2023. Esta asociación civil ha sido creada para operar administrar y operar los sistemas de saneamiento básico dentro del área Colinas del Urubó”, explicó.

Foniani cuestionó la toma de muestras de parte de los vecinos denunciantes, asegurando que no cumplieron protocolos básicos.

Mirada técnica

Para la ingeniera ambiental Sandra Quiroga, del Colectivo Árbol, una cosa es la licencia ambiental de la urbanización, y otras las de dotación de agua potable y la de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Sobre la explicación de Foianini, observó que no tenía el permiso de operación de la AAPS, y que es con ese permiso que se tramita la licencia ambiental otorgada por la Gobernación.

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La Alcaldía de Porongo y la Gobernación hicieron inspecciones

Quiroga citó el informe del 5 de marzo de este año de la Gobernación, al que accedió EL DEBER. “Remarca que la EPSA no tiene licencia ambiental y que sus aguas están con coliformes fecales en ese punto de salida. Ahora, dice él que las lagunas son recreacionales, pero no puede haber lagunas de recreación siendo parte del tratamiento de aguas residuales. Eso es una locura porque tendría que haber un tratamiento químico que cuesta millones y millones de dólares y que nadie lo hace en Sudamérica por caro. Es una locura poner de recreación a un lagunaje que forma parte de todo el proceso del tratamiento de agua”, indicó.

En su informe, la Gobernación aseguró que no existe una licencia para la planta de tratamiento de aguas residuales La Ribera, y tampoco el inicio del trámite para la obtención de esa licencia, “por lo que esa obra estaría incumpliendo la normativa ambiental vigente” (...) y que es pasible a sanciones.

Quiroga coincidió con que las labores incumplen con múltiples normativas nacionales de saneamiento básico y descarga a cuerpos receptores.

Debido a las denuncias, el municipio de Porongo y la Gobernación cruceña hicieron dos inspecciones y tomas de muestras, que fueron enviadas al laboratorio de la UAGRM. Los resultados tendrían que conocerse en los próximos días.

Auditoría ambiental

En 1999, cuando se hizo el Puente Mario Foianini, y en 2012, la Contraloría General del Estado hizo auditorías a la cuenca del Piraí.

Concluyó que existe una variación ambiental debido a la presión antrópica ejercida sobre los cuerpos de agua de la actividad agrícola, industrial y doméstica, con daño a los cuerpos de agua.

“La auditoría arrojó indicios de deficiencia ambiental”, indica el documento de 2012.