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Hay un descontento latente. Los incendios en la Chiquitania y el acercamiento de los productores con el Gobierno, que propició la aprobación de leyes y un decreto en favor de desmontes y chaqueos, fueron el preámbulo para que estalle el malestar en la Asamblea de la Cruceñidad del 10 de septiembre. Para exlíderes, la crisis de la institucionalidad se hizo evidente cuando los vicepresidentes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) discreparon sobre la abrogación de estas normas.

“La dirigencia ha estado demasiado sumisa al poder central. No se debería politizarlas; jugando con intereses particulares. Se debe apartar la política de lo institucional. Hay que guardar la dignidad. Se han mezclado las cosas”, cuestionó Vicente Roca, pastpresidente de la CAO.

La crítica de Roca surge luego que se le consulta en relación al Decreto Supremo 3973, aprobado en julio, que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias y las quemas controladas, y el posterior pedido de Óscar Ciro Pereyra, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, quien el 28 de agosto, pidió al presidente Evo Morales, “no matar a la gallina de los huevos de oro” y no abrogar la norma.

“Coincido de que en este momento las instituciones están pasando por momentos muy difíciles. No sé, ni lo quiero saber ni justificar, el por qué algunos representantes de instituciones tradicionales de Santa Cruz pudieran anteponer ciertos intereses particulares a los regionales”, expresó el pastpresidente de Fegasacruz Juan Carlos Peredo.

En el Salón Melchor Pinto Parada, del Comité pro Santa Cruz, el vicepresidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano, dijo que este sector era el más afectado y expuso su adhesión a la propuesta de declaratoria de desastre nacional por la Chiquitania, el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental y la abrogación de la Ley 741 de desmontes.

Por su parte, Alejandro Díaz Salek, vicepresidente de Fegasacruz, rechazó la posibilidad de eliminar leyes. “No nos confundamos, no fue un decreto que ni siquiera entró en vigencia lo que propició los incendios. El problema radica en haber repartido tierras con criterios y fines políticos”, afirmó.

Para Peredo estas discrepancias surgen de la priorización de intereses personales a los del bien común, y recordó que durante su gestión (2012-20214) enfrentó un duro proceso de reversión de tierras, y que pese a eso nunca pidió ayuda al Gobierno.

“Algunos amigos me dijeron que era un tonto porque tuve la oportunidad de sacar mis papeles y no lo hice; y que otros dirigentes lo primero que hacen es eso. Pero sentía que estaba a la cabeza de un gran sector como el ganadero y que no podía defraudarlo, anteponiendo un tema particular”, añadió.

Roca coincide en que el sector productivo debió presentar un solo discurso ante la institucionalidad cruceña y lo atribuye a la politización de una parte de su dirigencia. “Creo que soy claro, no quiero ir más allá y dar nombres. Pero mire, Dabdoub, expresidente de los empresarios; él es mi amigo, fue y se ofreció para ser senador. Tiene el derecho. Evo lo hizo saber públicamente. Está jugando a lo particular”, dijo.

Al igual que Peredo, Roca hizo hincapié en que lo principal debe ser que se respete el Plan de Uso de Suelo (PLUS).

Se debate el modelo
Para Carlos Valverde, periodista, hay una crisis de la institucionalidad cruceña, y también, un replanteo del sistema empresarial. Cree que este sistema puede estar replanteándose hacia dónde quiere llegar y si aquello que lo trajo hasta este momento histórico todavía le sirve. “A lo mejor lo cívico les quedó chico”, expresó.

Valverde define el modelo cruceño como productivo y si es posible exportador. Dice que así fue antes de la república y lo sigue siendo ahora, pero que debe analizar cómo hacerlo en una economía capitalista. Bajo este criterio, ve a la institucionalidad, a los cívicos, como una defensora del modelo, y por eso cree que “tal vez algunos empresarios pretenden seguir otro rumbo”.

Nino Gandarilla, exdirigente cívico, cuestionó que la dirigencia de los ganaderos haya acudido primero al presidente Morales para pedir no abrogar un decreto. Cree que antes debieron acudir a la casa cívica, o a la Asamblea Departamental. “Hay una crisis interna en esos dos sectores. Si se consulta a ganaderos y a la CAO no hay una corriente unánime. Hay dirigentes que tienen más compromisos con el Gobierno que otros”, señaló.

José Antonio Martínez, sociólogo y docente de la Uagrm, cree que es a la inversa; que el modelo agrícola se sostiene en desmontes en vez de mejorar su productividad, y que son las bases las que piden a sus dirigentes que se acerquen al Gobierno y pasen por encima de la institucionalidad. “Para todos los empresarios el mejor Gobierno que han tenido en la historia es el de Evo Morales. Eso genera un conflicto. Porque su representación debería ser (el gobernador) Rubén Costas, u (el senador y candidato) Óscar Ortiz, pero ellos carecen de una base social. Por eso los empresarios se sienten más cómodos con Morales”.

Martínez anticipa que la debilidad institucional se demostrará en caso que los cívicos convoquen a un paro indefinido, al que cree que no acatarán porque sería “darse un disparo en el pie”.

Perfilando soluciones


Hay soluciones a esta crisis; algunas de las que se mencionan son el respeto del plan de uso de suelos, el freno a los asentamientos ilegales, la formación de nuevos liderazgos y el viraje a una economía con cuidado ambiental.

Para Federico Morón, activista, la crisis no solo es institucional, sino también de credibilidad porque los jóvenes vieron que algunos sectores “prefirieron el buen negocio con el Gobierno” y les pasarán factura. Cree que es momento de repensar el modelo productivo para que la calidad de vida sea su norte principal.          

 

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