Luego que un grupo de encapuchados armados volvió a tomar este viernes la propiedad productiva Santa Rita, ubicada en el municipio de El Puente, provincia Guarayos, en Santa Cruz, el Viceministerio de Tierras y el Gobierno nacional, emitieron un comunicado de repudio y preocupación ante los avasallamientos.
"Estos hechos ilegales, que vulneran el derecho propietario, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica, afectan gravemente a las familias productoras, a la producción de alimentos y al desarrollo económico del país", se lee en los primeros párrafos.
El viceministerio puso en evidencia que estos hechos ilegales vulneran el derecho propietario, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica, además de afectar gravemente a las familias productoras, a la producción de alimentos y al desarrollo económico del país.
"Reafirmamos que el acceso y la tenencia de la tierra deben realizarse en el marco de la Constitución Política del Estado, las normas agrarias vigentes y los procedimientos establecidos, rechazando categóricamente cualquier intento de imponer intereses particulares mediante la fuerza, la intimidación o la ocupación ilegal de predios", expresa el comunicado, mientras los propietarios del predio Santa Rita están a la espera de un operativo de desalojo de los avasalladores.
Al respecto, según se lee en el comunicado del viceministerio, se va a coordinar "de manera inmediata con las instancias pertinentes del Órgano Ejecutivo, los gobiernos subnacionales y las instituciones del Estado para adoptar todas las acciones necesarias que permitan restablecer el orden, la paz social y la legalidad en la zona".
El Viceministerio de Tierras, a la cabeza de Hormando Vaca Díez, reafirmó en el comunicado su "compromiso permanente con la legalidad, la defensa de los derechos agrarios, la solución pacífica de los conflictos y el fortalecimiento de la seguridad jurídica como pilar fundamental para el desarrollo productivo y la estabilidad del país".
Según la denuncia de la propietaria de Santa Rita, Melisa Barba, los ocupantes ingresaron en la madrugada del viernes en motocicletas, redujeron a los trabajadores y retuvieron al menos a 20 personas, en lo que constituye el quinto avasallamiento registrado en el predio desde 2024.