Víctimas de avasallamientos en Guarayos identifican a 30 cabecillas y a unos 1.000 loteadores
Entre los avasalladores detenidos en el predio La Toja se encuentra Eduardo Camacho Vedia, hermano de uno los principales implicados en el caso Las Londras.
Las víctimas de los predios tomados en la provincia Guarayos llegaron este martes, 27 de diciembre, a dependencias del Ministerio Público para solicitar al fiscal departamental Róger Mariaca mayores garantías en la lucha contra los avasalladores. Aseguran que tienen identificados a 30 cabecillas y al menos 1.000 loteadores.
Ruddy Trepp, propietario del predio Las Parabas, denunció que, pese a la intervención del Estado, los avasallamientos en la zona continúan. Además, afirma que se incrementó la presión contra los pobladores y propietarios. Una muestra es el bloqueo que se instaló en la localidad Cerro Grande, cerca de Ascensión de Guarayos, para exigir la liberación de 12 personas acusadas de avasallar la propiedad privada denominada La Toja.
“No se puede llegar a las propiedades, la carretera, que es la manera más fácil de llegar, está trancada. Uno podría esperar que (con la presencia policial) disminuyan los asentamientos, pero al contrario están más agresivos y llevan adelante medidas de presión”, señaló Trepp.
Asimismo, remarcó que ya se tienen identificados a los cabecillas de los avasallamientos, por lo que anunció que las víctimas de este ilícito se unieron en defensa de sus tierras y exigen a la Fiscalía que envíe más investigadores a la zona para hacer seguimiento al caso.
El sábado pasado 10 de las 12 personas que fueron aprehendidas durante el desalojo de los predios avasallados en La Toja, fueron enviadas a la cárcel de Montero con detención preventiva por 180 días, imputadas por los delitos de avasallamiento, daño calificado y asociación delictuosa.
Según Winster Hinojosa, abogado de los propietarios de los predios avasallados, entre los detenidos se encuentra Eduardo Camacho Vedia, hermano de Paulino Camacho, uno de los principales involucrados en el secuestro a policías y periodistas en Las Londras en octubre del año pasado.
A su vez, denunció que durante el secuestro de los celulares de estas personas se pudo evidenciar el uso de armas de fuego y el trabajo de una organización de más de 1.000 personas involucradas en este ilícito.
