Siete trabajadores de la prensa participaron ayer de la reconstrucción del secuestro del que fueron víctimas el 28 de octubre del año pasado. No llegaron los policías atacados. Asistieron dos acusados

7 de junio de 2022, 8:32 AM
7 de junio de 2022, 8:32 AM

Las víctimas regresaron ayer al escenario del crimen. Solo que esta vez los seis trabajadores de la prensa que resultaron secuestrados, vejados y torturados por supuestos miembros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (Csutcsc) volvieron a la propiedad Las Londras, ubicada en el municipio Guarayos, acompañados por más de 150 policías, una comisión de fiscales y abogados para participar de la reconstrucción de los hechos violentos ocurridos el 28 de octubre del año pasado.

Los testimonios de las seis víctimas y de otro que logró escapar el día de la emboscada fueron contundentes y unánimes. En sus testimonios ratificaron que un grupo de hombres encapuchados y empuñando armas de fuego salieron del monte la mañana del 28 de octubre de 2021 para someter, vejar y disparar contra periodistas, camarógrafos, policías y trabajadores agrícolas. La comitiva se había dirigido al lugar para constatar que los predios se encontraban tomados de forma ilegal por campesinos e interculturales afines al MAS.

En la audiencia de ayer, que se extendió por más de tres horas, no estuvieron presentes los policías ni los ocho trabajadores agrícolas que también resultaron secuestrados y agredidos con extrema violencia por los campesinos e interculturales, a pesar de que fueron notificados oficialmente.

El representante de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, lamentó la ausencia de los efectivos policiales porque ellos deberían colaborar para el esclarecimiento de los hechos y sancionar a los responsables del ataque. Uno de los policías resultó lesionado, sufrió fracturas en las costillas, mencionó Méndez, que es abogado y periodista.

Sí estuvieron Sixto Canaza y Paulino Camacho, los únicos dos detenidos por estos ataques y que fueron reconocidos ampliamente por las víctimas como parte del grupo de encapuchados que salió armado del monte.

Incluso, Canaza fue identificado como la persona que disparó en contra de camarógrafos, provocando años a los equipos y de torturar a periodistas.

El sindicado declaró que no estuvo en el lugar el 28 de octubre de 2021, el día del ataque. Sin embargo, la identidad de Canaza quedó al descubierto porque fue la persona que recibió y entregó una guirnalda al director departamental del INRA, Adalberto Rojas, que acudió al predio Las Londras un día después de la emboscada en contra de los trabajadores de la prensa, policías y trabajadores agrícolas. El hombre vestía la misma ropa del día del ataque a la comitiva. Sin embargo, el sindicado admitió que participó del acto con Rojas, ex representante de los Derechos Humanos de Santa Cruz a finales de los años 90 y comienzos del 2000.

La abogada Raquel Guerrero, que defiende a los trabajadores de la prensa, hizo notar la contradicción en la que incurrió Canaza para intentar confundir a los investigadores. No obstante, hizo un reconocimiento tácito de su participación en el crimen al admitir que se encontró con Rojas en el acto realizado en Las Londras el 29 de octubre de 2021.

El otro acusado, Paulino Camacho, también fue identificado como uno de los atacantes por el tatuaje de una cruz que lleva en el lado izquierdo del cuello. Una de las víctimas, en medio de llanto, reveló que Camacho se despojó de la capucha para ofrecer una conferencia de prensa y para obligar a los secuestrados a firmar un documento “en el que se comprometían” a no presentar denuncias policiales ni judiciales en el futuro.

Durante el acto de inspección y reconstrucción de los hechos, Camacho admitió que salió armado y disparando del monte, pero “sin la intención de matar a nadie”. No obstante, en el acto investigativo se constató que uno de los disparos impactó en contra de la cámara de Percy Suárez, de ATB, que registró la violencia con la que actuaron los ocupantes de tierra; también se evidenció que uno de los proyectiles destruyó el reloj de uno de los periodistas secuestrados.

Las declaraciones de las víctimas y de los acusados fueron emitidas en presencia de la comisión de fiscales y de miembros del Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP).

Evidencias

En medio de los “rastrillajes” por los predios que fueron ocupados ilegalmente por campesinos e interculturales afines al MAS, los investigadores encontraron en la maleza una pieza de cámara filmadora conocida como “pestaña”, que formaba parte del equipo de trabajo del camarógrafo de la red de televisión Unitel que estuvo entre las personas secuestradas y torturadas por los encapuchados.

El camarógrafo, que estuvo presente en la reconstrucción de los hechos, identificó la pieza como parte indispensable en su herramienta de trabajo.

Durante la inspección, también se conocieron nuevos elementos, como los disparos que realizaron los encapuchados por la espalda a algunas de las personas presentes en el lugar, incluso contra el camarógrafo de la red de televisión PAT que logró escapar y dar la voz de alerta en la capital cruceña. Ayer se sumó a las víctimas del secuestro.

El comunicador Percy Suárez, también expresó su testimonio sobre las siete horas que permaneció retenido en manos de los encapuchados. Grabó las imágenes que evidenciaron la presencia de grupos armados en la zona de Guarayos e identificar a algunos de los autores del secuestro.

Tortura

Uno de los momentos más emotivos de la reconstrucción de los hechos se produjo cuando los trabajadores de la prensa fueron conducidos al galpón donde fueron acostados boca abajo, en dos filas, con una especie de corredor por el medio, en el que fueron sometidos a vejámenes.

Las víctimas afirmaron, de forma unánime y por separado, que fue uno de los peores momentos que sufrieron durante las horas que estuvieron cautivos en manos de los encapuchados armados.

Todos coincidieron en que fueron obligados a tenderse en el suelo. Los pisaban, los pateaban y pasaban por encima de ellos; además, los hacían gritar: “San Julián se respeta, carajo”.

Por si fuera poco, según los denunciantes, les hicieron tomar aguas servidas, en la que habían lavado los restos de algunos animales que servirían de alimento para los encapuchados. Para burlarse de los cautivos, uno de los miembros del grupo decía: “para que vean que acá somos humanos”. Se reían, se mofaban de las personas que tenían como rehenes, insistían las personas que presentaron su declaración. En el lugar también estuvieron presentes miembros del Comité de Vigilancia de la comunidad, pero no fueron autorizados a participar, solo para presenciar el acto.

En el galpón de Las Londras también fueron despojados de sus pertenencias. Los trabajadores de la prensa sufrieron requisas en su cuerpo, buscaban posibles micrófonos ocultos en sus ropas. La única mujer en el grupo de rehenes, una periodista de la red de televisión Unitel, fue entregada a un grupo de mujeres. Reveló que fue maltratadas y atacada por esas personas.

En determinado momento la periodista solicitó permiso para ir al baño, pero fue requisada por las mujeres. Mantuvieron las miradas fijas, en todo momento, en la reportera con la intención de intimidarla. No pudo hacer sus necesidades fisiológicas.

El abogado de los acusados, César Cardona, preguntaba a los periodista y camarógrafos cómo y por qué acudieron ese día al lugar. También buscaba conocer quién los había llevado para conocer sobre ocupación de Las Londras, una propiedad agropecuaria ubicada en la provincia Guarayos que está en proceso de saneamiento desde hace unos 10 años.