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Las víctimas de los procesos de supuesto caso terrorismo I y II, que fueron anulados por la justicia absolviendo a todos sus implicados, se presentaron  este viernes en las instalaciones de la Feria Exposición de Santa Cruz para ofrecer su testimonio en un evento denominado Por el derecho a la verdad.

La actividad, organizada por la Procuraduría General y la Escuela de Abogados del Estado, permitió volver a escuchar las versiones de los atropellos a los derechos humanos que sufrieron los implicados en este caso.

Por ejemplo, Juan Carlos Guedes, mostró cómo los agentes policiales al momento de llevarlo por tierra hasta La Paz, le pusieron bolsas plásticas negras en la cabeza y lo golpearon durante todo el camino

De igual forma describió las torturas de las que fue objeto Ignacio Villa Vargas, conocido durante algún tiempo como un testigo clave del caso, pero que luego  fue obligado a declarar en contra de los procesados y en favor de la gestión gubernamental de ese momento, el MAS, para cuidar de su vida y la de sus seres queridos.

Algunos otros sindicados de aquel tiempo como Ronald Castedo y Gary Prado Salmón, entre otros, también se refirieron a las aberraciones jurídicas a las que los fiscales y jueces que impulsaban el proceso los sometieron a lo largo de varios años, como la obligatoriedad de asistir a las audiencias pese a tener enfermedades crónicas.


Elöd Tóásó, a través de Zoom, habló sobre lo ocurrido desde abril de 2009, cuando él y Mario Tadic sobrevivieron al asalto en el hotel Las Américas.

Tóásó relató los vejámenes a los que fue sometido y ratificó que hubo una ejecución extrajudicial de Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer. Indicó que los procesos que él demandó en el exterior contra de Evo Morales y otras personas  están avanzando y  se espera que pronto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte un primer fallo.

Finalmente, Gary Prado, abogado de muchos de los procesados en las causas que ya fueron anuladas, dijo que estos testimonios serán incorporados en una memoria que la Procuraduría General del Estado elaborará registrando los atropellos a los derechos humanos que se cometieron durante la gestión gubernamental del MAS.